Benito Nacif, exconsejero electoral, aclaró que corresponde a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León y no al INE investigar las presuntas irregularidades en que hubieran incurrido los candidatos del PRI y PRD, así como de Movimiento Ciudadano, a la gubernatura de esa entidad, Adrián de la Garza y Samuel García, respectivamente.
Mientras que compete al Tribunal Electoral local de Nuevo León resolver en primera instancia.
En entrevista telefónica, Nacif Hernández lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador se vaya “por la libre” y viole de manera grotesca los artículos 41 y 134 constitucionales que le impone la obligación de mantener la equidad de la contienda.
Entonces, “la Comisión investiga, el Tribunal (local) resuelve” y, en caso de presentarse alguna impugnación, ésta deberá turnarse a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Es decir, no es atribución del Instituto Nacional Electoral (INE), resolver esas supuestas violaciones a la ley electoral, como lo sugirió el Ejecutivo.
“Lamentablemente el presidente Andrés Manuel López Obrador no está informado y por eso le reclama al Instituto que no haga nada”, consideró.
El profesor de la División de Estudios Políticos del CIDE, recordó que, en su momento, el INE buscó convertir la violación al artículo 209 de la Ley electoral en una falta en materia de fiscalización, pero la Sala Superior, echó para atrás un artículo del reglamento de fiscalización mediante el cual el Consejo General del INE buscaba tener atribuciones.
Respecto a si es la entrega de tarjetas por parte de candidatos es un delito, recordó que, en 2017, el PRI junto con su aliado, el Verde Ecologista recurrieron por vez primera a esta estrategia durante las campañas electorales en estado de México y Coahuila, donde se repartió la tarjeta rosa y monederos electrónicos.
Y, la Sala Superior al momento de resolver las impugnaciones del Tribunal local de Coahuila determinó que la entrega de tarjetas es propaganda electoral válida.
Además, que su distribución en eventos estaba amparada por la libertad de los partidos políticos de realizar actos de propaganda electoral, proponiendo programas sociales que pueden poner en caso de ganar la elección.
“Fueron resoluciones polémicas, pero eso fue lo que resolvió el Tribunal”, dijo al precisar que lo que está tipificado como delito electoral es precisamente la compra de votos, el uso de programas sociales con fines electorales, pero no la entrega de tarjetas.
Ahora, “preocupa” que la Fiscalía haga uso faccioso de sus atribuciones para investigar presuntos delitos en unos casos y en otros no, con un sesgo partidista.
Y que el presidente salga a acusar que la entrega de tarjetas es compra de votos, porque no se configura ese delito ni tampoco se trata de programas sociales existentes, sino que se busca poner en práctica, de ganar la elección.
La Sala Superior dejó claro que la entrega de tarjetas y la promesa de beneficios de programas sociales a través de ellas es propaganda electoral válida, apegada a la ley.
“Ahora, nos llevamos la sorpresa que la Fiscalía tiene un criterio distinto y que el presidente de la República también y que para ellos constituye el uso electoral de programa social y, por ende, compra de votos”, dijo el académico.
Para ello, la fiscalía inició una investigación en aras de indagar los hechos y, con base a esa información, determinar si judicializa o no la carpeta de investigación.
Aunque “no se sabe si lo hizo de manera oficiosa, se hizo a través de la información que el Ejecutivo hizo en las mañaneras o si alguien presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía”, se cuestionó.
Benito Nacif aclara que si bien López Obrador es un ciudadano también es el presidente de la República y, por ende, no puede despojarse de su investidura al momento de ofrecer la conferencia mañanera.
Ello, toda vez que al momento de hacerlo utiliza el aparato de comunicación del estado, además de recursos públicos y esas conferencias de prensa son en sí, propaganda gubernamental.
En este caso, “me parece que el presidente de la República está violando viola de manera grotesca el artículo 41 de la Constitución y el 134 que le impone la obliga acción de imparcialidad”.
A juico de Nacif Hernández, la Sala Superior debe resolver el número elevado de quejas que se presentaron por el activismo político-electoral del presidente López Obrador durante el proceso comicial en marcha.
“Digamos que tenemos a un presidente por la libre; el día que quiere viola la Constitución. Se autoproclama ciudadano y dice que él no tiene las obligaciones propias de un servidor público”.
Las condiciones para el voto libre, “existen, pero para unas elecciones legales, el presidente está haciendo todo lo posible para que eso no ocurra”, expresó.
Cuestionado respecto a si las declaraciones del Ejecutivo Federal buscan enturbian las elecciones para posicionar a la candidata de Morena en Nuevo León, Clara Luz Flores y, pasar a segundo término la tragedia de la Línea 12 del metro, anotó:
“El presidente ha atacado a los candidatos de los partidos distintos al suyo, además ha atacado a las autoridades electorales cuando resuelven o afectan los intereses de su partido político. Lo que vemos es a un presidente que ejerce de manera facciosa sus atribuciones y que también de manera facciosa viola la ley”.
Y, en el caso del accidente de la Línea 12, que dejó un saldo de 26 muertos y 79 heridos, estimó que “es un show paralelo que monta el presidente de la República para que la opinión pública se distraiga en otros temas y no en los que le afectan de manera directa”, concluyó Benito Nacif.
Leonardo Valdés, exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (IFE), llamó a estar alertas porque la democracia siempre se encuentra en peligro y puede dar pasos hacia atrás.
En la presentación de Prontuario de la Democracia, a cargo de la Cátedra Madero, expresó que la democracia siempre es perfectible y es quizá, el mejor sistema de gobierno.
La democracia, dijo, le da la oportunidad de participar al conjunto de los ciudadanos organizados de diversas maneras, e incluso, a quienes están en su contra y esos, pueden, tiene derecho a desplegar sus puntos de vista.
Pero, también “tienen la posibilidad de llegar a ser mayoría y es por eso que la democracia siempre está en peligro, puede dar pasos para atrás, puede construir o destruirse”, aseguró.
Esto es, siempre se pueden proponer mejoras, pero también “podemos estar alertas para evitar que la democracia se destruya, desaparezca”.
Valdés Zurita, profesor Titular en el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), dejó claro que la democracia son también aquellos ciudadanos ejercen sus derechos y cumplen sus obligaciones, de ahí que se requiera que estén bien informados y sepan el por qué se han tomado decisiones en uno o en otro sentido.
