Santiago Nieto: "Hay que evitar que el dinero sucio llegue a las campañas"

Estos resultados se obtienen a dos meses de que el INE y la UIF firmaron un convenio de colaboración. El acuerdo incluye el uso de algoritmos matemáticos y el intercambio de información sobre partidos y candidatos, desde la capacidad económica hasta el financiamiento de campañas.

En la mesa, el también exfiscal electoral (2015-2017) detalló que tan solo en la base de la UIF hay 5,000 millones de datos.

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"Lo que hacemos es generar un algoritmo matemático y lo vamos puliendo, es decir, buscamos en la base datos palabras clave (como el nombre de un partido o un candidato), y con esto se va depurando la información para poder encontrar un caso", explicó.

A partir de esa depuración, se genera un "top 20 de casos" que son procedentes a revisión. Nieto aclaró que esto no significa que los casos sean por lavado de dinero vinculado a elecciones, pero sí es una muestra de que el sistema encontró algo que le llamó la atención y por eso le puso énfasis.

Después, desde la UIF se pasa esa información al INE y viceversa, y se toma la decisión de bloquear las cuentas bancarias de aquellas personas a las que se les haya detectado una actividad irregular.

"La decisión ha sido bloquear a todas las personas que hayamos detectado que están generando una actividad ilícita durante el proceso electoral", dijo Nieto, y mencionó como ejemplo el bloqueo de cuentas a un candidato del PT a diputado federal.

En ese contexto, el funcionario rechazó que esta información sea usada con fines políticos o electorales y sostuvo que su objetivo es combatir conductas ilegales.

El titular de la UIF señaló que a raíz de las investigaciones que realiza el organismo se ha detectado el uso de empresas fachada y, por ejemplo, un caso relacionado con corrupción política en el estado de San Luis Potosí, el cual ya fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía Anticorrupción.

Nieto expuso que esas empresas usan mecanismos fuera de la ley para pagar sueldos y salarios a personas que están relacionadas con las candidaturas en marcha.

Un ejemplo de esta forma de operar se detectó en la alcaldía de Coyoacán, en la Ciudad de México, razón por la cual se bloqueó a las empresas con posible participación.

Nieto agregó que la vinculación con el INE también se hace cuando hay despachos que son contratados por partidos o candidatos sin que reporten ese gasto ante la autoridad electoral.

El funcionario adelantó que esta semana se reunirá con el presidente del instituto, Lorenzo Córdova, para revisar el avance en el cumplimiento de las obligaciones legales y acordadas a partir de los anexos que firmaron ambas instituciones.

Nieto recordó que en campañas electorales pasadas se ha detectado un mayor flujo de dinero en efectivo. El caso la constructora brasileña Odebrecht, mediante el cual empresarios extranjeros apoyaron campañas electorales en México y otros países de América Latina, es una muestra de esto.

"El caso Odebrecht plantea el envío de casi 10 millones de dólares de la empresa a paraísos fiscales o a empresas constituidas en Islas Vírgenes, en Panamá, cuyo apoderado legal era el señor (Emilio) Lozoya", dijo Nieto, quien como fiscal electoral impulsó denuncias por esta trama de corrupción.

El ahora titular de la UIF identificó tres vertientes en las que se vinculan las malas prácticas con las elecciones: la delincuencia organizada, el asesinato de candidatos a cargos de elección popular y la corrupción sistemática.

Además está el peculado electoral, que consiste en desvío de fondos, bienes y servicios para fines electorales.

Nieto destacó que en las elecciones federales de 2012 aumentó en casi 37,374 millones de pesos el flujo de efectivo en comparación con 2015 y 2018 (5% más). "Para las elecciones de este año, vamos a encontrar la misma movilidad de dinero", dijo.

Respecto del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el funcionario consideró que está incompleto, pues no hay información fiscal ni financiera porque el expresidente Enrique Peña Nieto se negó a que la UIF y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) formaran parte de él.

"Si queremos tener una información completa, tiene que existir la parte fiscal, patrimonial, financiera, y con ello generar un mejor esquema de combate a la corrupción", enfatizó.

Con información de Guadalupe Vallejo.