La operación de los Servidores de la Nación se encuentra en la mira por la toma de fotografías a las credenciales de elector y a los propios adultos mayores que reciben la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, ante las elecciones del próximo 6 de junio, cuando 15 estados elegirán gobernador y las 32 entidades votarán cargos públicos locales.
Pero el cuestionamiento a esta agrupación ha sido desde que el inicio de su conformación, pues es considerado un "ejército" con tintes electorales por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien ha defendido que estos funcionarios ayudan a evitar la corrupción, pues permiten que los apoyos gubernamentales lleguen directamente a los beneficiarios sin necesidad de intermediarios.
Gabriel García Hernández, coordinador nacional de Programas para el Desarrollo, está a cargo de esta estructura compuesta por más de 20,000 personas.
Un nómina que no cuadra
Entre las irregularidades que puso en evidencia la auditoria a la Contratación de Personal Mediante el Esquema de "Servidores de la Nación" está que las nóminas presentadas no justifican el total de los 224 millones 50,400 pesos ejercidos en 2019.
La Secretaría de Bienestar tampoco presentó la documentación que acreditara el pago de 97 millones 39,700 pesos en nóminas, pues no entregó las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), y tampoco presentó la documentación completa que comprobara el pago de 15 millones 929,600 pesos a "servidores de la nación".
La Auditoría también identificó la transferencia sin justificar ni comprobar de 87 millones 581,900 pesos a tres cuentas bancarias a nombre de la propia Secretaría de Bienestar para el pago a los "servidores de la nación" contratados en 2019.
La dependencia, que hoy encabezada por Javier May Rodríguez, también destinó a fines distintos a los autorizados 30 millones 200,000 pesos que transfirió a cinco unidades responsables y un programa presupuestario no autorizados para la contratación del personal.
