El informe indica que, a 10 años de las sentencias de la Corte Interamericana por los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, dos indígenas torturadas y violadas por militares, el Estado mexicano sigue sin cumplir con implementar un programa o curso permanente y obligatorio de capacitación y formación en derechos humanos, dirigido a los miembros de las Fuerzas Armadas.
"El hecho de que hoy, en promedio, maten a 10 mujeres al día en México no puede entenderse sin considerar a la militarización de la seguridad pública", indica el documento.
Para la realización del informe, las organizaciones enviaron solicitudes de información sobre la capacitación de los militares. El resultado fue que ni la Secretaría de la Defensa (Sedena) ni la de Marina (Semar) ni la Guardia Nacional "cuentan con evidencia completa que permita evaluar el resultado de las capacitaciones que sí se llevaron a cabo".
Por ejemplo, aunque la Sedena reportó 12 cursos y 62 videoconferencias en derechos humanos impartidas entre 2013 y 2019, señaló no tener evidencia documental de alguno.
Pese a que la Corte Interamericana dictó una sentencia sobre dos mujeres indígenas, las capacitaciones de miembros de la Sedena en temas específicos como derechos de las mujeres y de personas LGBT+ "son menos", mientras que en derechos de las personas indígenas solo se reportó una capacitación.
