El presidente López Obrador había insistido en que en la redacción de la pregunta aparecieran los nombres de los expresidentes por lo que en su petición de consulta popular enviada al Senado de la República sí aparecían.
¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos de parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes durante, y después de sus respectivas gestiones?”, se cuestionaba en la propuesta presidencial.
No obstante, el que aparecieran los nombres violaba los derechos humamos de las personas y violentaba el principio de presunción de inocencia, por lo que la Corte formuló una nueva pregunta para que fuera más general.
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“¿Estás de acuerdo o no en que se llevan a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”, se indica en la pregunta que fue avalada por los ministros.
Al respecto, Zaldívar recalcó que es una pregunta genérica que garantiza el derecho de participación política de la ciudadanía, que no tiene nada que ver con los procedimientos ministeriales o judiciales que estén en trámite o pudieran presentarse en el futuro, pues la consulta no habla de juzgar a expresidentes sino de emprender procesos de esclarecimiento de decisiones políticas de cualquier actor político.
“Si el Ministerio Público tiene elementos para proceder en contra de cualquier persona lo puede hacer y los jueces actuarán conforme a la Constitución y a las leyes”, reiteró.
Sobre las críticas que ha recibido la SCJN por esta decisión por políticos de oposición y ciudadanos, el ministro aseguró que en caso de que se hubiera tomado una decisión contraria también hubiera sido muy criticada pero por otro sector de la población.
"Es un asunto controvertido con una dimensión política innegable, en un país que esta extraordinariamente polarizado y cualquier decisión iba a ser critica".
Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN.
