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Zaldívar: "La consulta puede llevar a la creación de comisiones de la verdad"

El presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, aclaró que el resultado de la consulta no será vinculante para que la Fiscalía General y el Poder Judicial inicien procesos judiciales a los expresidentes.
vie 02 octubre 2020 11:27 AM
Arturo Zaldívar
Arturo Zaldívar destacó que la la constitucionalidad de la solicitud de consulta promovida por AMLO puede dar lugar a la creación de comisiones de la verdad para el esclarecimiento de decisiones políticas tomadas por expresidentes o cualquier actor político.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, aclaró que la decisión tomada este jueves por los ministros para declara la constitucionalidad del tema de la Consulta Popular promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador para llevar a juicio a los expresidentes, no tendrá efectos vinculantes ni para la Fiscalía General de la República ni para el Poder Judicial, porque la “justicia no se consulta”.

En entrevista por Radio Fórmula, el ministro presidente recalcó que lo único que podría derivarse de esta consulta es la formación de Comisiones de la Verdad por parte del poder Ejecutivo y Legislativo.

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“Lo primero que es importante decir, es que esta consulta no podría obligar de modo alguno ni al fiscal General de la República ni al Poder Judicial de la Federación, (pues) los sistemas de impartición y procuración de justicia, no son sujetos a consulta porque se tiene que realizar lo que manda la ley con independencia de la opinión pública”, dijo.

Zaldívar insistió en que la consulta, solo podría obligar que tanto el poder Ejecutivo como Legislativo lleven a cabo en su caso acciones que vayan dirigidas a "esclarecer decisiones políticas tomadas en el pasado por actores políticos" a través de la creación de comisiones de la verdad o algún tipo de procedimientos encaminado a garantizar derechos de posibles víctimas de injusticias .

El ministro presidente explicó que lo que este jueves lo que se analizó en el pleno de la Corte no fue la constitucionalidad de la pregunta propuesta por el presidente sino la materia de la consulta.

“Y entonces la Corte dijo que la materia de la consulta tiene las siguientes vertientes: política criminal, que no está prohibida en el Artículo 35 de la Constitución; política de responsabilidad de servidores públicos y mecanismos e instrumentos para esclarecimiento de la verdad”, puntualizó.

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El presidente López Obrador había insistido en que en la redacción de la pregunta aparecieran los nombres de los expresidentes por lo que en su petición de consulta popular enviada al Senado de la República sí aparecían.

¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos de parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes durante, y después de sus respectivas gestiones?”, se cuestionaba en la propuesta presidencial.

No obstante, el que aparecieran los nombres violaba los derechos humamos de las personas y violentaba el principio de presunción de inocencia, por lo que la Corte formuló una nueva pregunta para que fuera más general.

“¿Estás de acuerdo o no en que se llevan a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”, se indica en la pregunta que fue avalada por los ministros.

Al respecto, Zaldívar recalcó que es una pregunta genérica que garantiza el derecho de participación política de la ciudadanía, que no tiene nada que ver con los procedimientos ministeriales o judiciales que estén en trámite o pudieran presentarse en el futuro, pues la consulta no habla de juzgar a expresidentes sino de emprender procesos de esclarecimiento de decisiones políticas de cualquier actor político.

“Si el Ministerio Público tiene elementos para proceder en contra de cualquier persona lo puede hacer y los jueces actuarán conforme a la Constitución y a las leyes”, reiteró.

Sobre las críticas que ha recibido la SCJN por esta decisión por políticos de oposición y ciudadanos, el ministro aseguró que en caso de que se hubiera tomado una decisión contraria también hubiera sido muy criticada pero por otro sector de la población.

"Es un asunto controvertido con una dimensión política innegable, en un país que esta extraordinariamente polarizado y cualquier decisión iba a ser critica".
Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN.

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El proceso

Aunque la Suprema Corte ya declaró la constitucionalidad del tema de la consulta, esta aún enfrentará diversos retos para llegar a las boletas el próximo año.

Lo primero, es lograr que la Cámara de Diputados y el Senado de la República la aprueben y estar pendientes a la fecha de realización, pues si bien la última modificación a la Ley de Consulta Popular señala que se deberá realizar el primer domingo de agosto, Morena y el mismo presidente, buscan impulsar que se efectúe el 6 de junio que se celebrará la jornada electoral, a fin de asegurar que cuente con el 40% de participación ciudadana inscrita en la lista nominal y que sus resultados sean vinculantes al Ejecutivo y Legislativo.

Otro asunto que deberá enfrentar la consulta son los recursos económicos, pues al no realizarse el día de las elecciones del 6 de junio, su organización y costo serán tema aparte.

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