La ONU prepara su participación en la investigación de desapariciones en México

Tuvo que pasar prácticamente un año para que esa promesa se cumpliera. El 26 de agosto, el titular del Ejecutivo Federal envió un oficio al Senado para que se reconociera la competencia del Comité para que evalúe al Estado mexicano, pueda recibir e investigar denuncias por desaparición forzada de personas en el país y le de recomendaciones en la materia.

"El reconocimiento de la competencia del Comité será un catalizador para la prevención, investigación y esclarecimiento de casos, al tiempo que contribuirá a impulsar la reconciliación con base en la verdad, la justicia, la sanción, la reparación y la garantía de no repetición, de los delitos en materia de desaparición forzada de personas", se leía en el oficio enviado al Senado de la República.

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En su primer día de sesiones del último periodo año legislativo, la Cámara alta aprobó la declaratoria por la que el Estado reconoce la competencia.

Para el representante adjunto de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios, esta decisión del gobierno mexicano no solo es un paso significativo para los derechos humanos, también envía un mensaje a los perpetradores de que las desapariciones pueden llegar a instancias internacionales.

En entrevista con Expansión Política, consideró que si bien la Comisión Nacional de Búsqueda, reporta que en México hay 75,186 personas desaparecidas y no localizadas hasta el 11 de septiembre de 2020, ésta no es una cifra cerrada, porque no todas las ausencias han sido reportadas.

Explicó que parte del trabajo que realizarán los 10 expertos que integran el Comité servirá para ofrecer recomendaciones al Estado mexicano en materia de desapariciones para frenar o por lo menos disminuir este problema que tanto dolor ha generado a miles de mexicanos.

Aunque será tarea de los expertos del Comité realizar recomendaciones al Estado Mexicano, Peña Palacios consideró que uno de los aspectos que se requiere garantizar en el combate a las desapariciones forzadas es que un sospechoso de haber participado en alguna desaparición no participe en la investigación. Si bien parece obvio, en México hay cientos de casos en los que a pesar de que una autoridad tiene una presunta responsabilidad, aun así está a cargo de las indagaciones.

También destacó la necesidad de que se desarrollen estrategias de investigación e incluso identificar patrones en las desapariciones porque no siempre se trata de casos aislados, así como una mejor coordinación entre autoridades estatales con federales.

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“Si tú sabes que haciendo algo va a haber una consecuencia, seguramente lo pensarías dos veces antes de hacerlo. Éste es un eje clave, hay que luchar contra la impunidad que prevalece en las desapariciones”, destacó

¿Qué cambiará con el Comité?

De acuerdo con la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, el Comité está constituido por expertos de “integridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos, independientes, que ejercerán sus funciones a título personal y actuarán con total imparcialidad”.

Su intervención en México será a partir de que la Secretaría de Relaciones Exteriores informe de esta decisión del Estado mexicano a la ONU.

Jesús Peña explicó que hasta antes de esta decisión del Estado mexicano, el Comité solo tenía facultad para analizar qué tanto cumplía el Estado mexicano con lo que establece la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas, sin embargo, ahora podrá conocer casos individuales y formular recomendaciones al gobierno.

“Ahora, con la competencia de conocer casos individuales se abren dos grandes puertas: para las víctimas les da la oportunidad de buscar en el ámbito internacional a una respuesta a una violación de derechos humanos que no ha tenido a nivel nacional y, dos, el comité –al ver casos individuales– puede hacer recomendaciones de medidas estructurales que sirvan para un conjunto de casos”, expuso.

Para que el familiar de una víctima pueda recurrir al Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU primero deberá agotar las instancias en México. Cuando el caso llegue a esa instancia internacional, ésta requerirá de la colaboración de las autoridades mexicanas, lo que sin duda podría representar un reto.

Parte del éxito del trabajo que realizará el Comité también pasa porque las recomendaciones que se formulen sean implementadas por el Estado mexicano.

Este grupo de trabajo está compuesto por expertos en desapariciones, lo que hará a las familias y autoridades contar con dictámenes de mayor especialización, lo que generará beneficios para el país.

El Comité solo podrá revisar aquellos casos de desapariciones forzadas y aunque el caso de Yolanda Morán no podría ser investigado, es una buena noticia que este grupo de expertos intervenga.

“Es una epidemia que nos afecta al país desde hace 12 años, así como todos se alinearon para atender la pandemia, deberían hacerlo para atender con esta epidemia que nos está acabando con la población: las desapariciones”, compartió en entrevista.