Tuvo que pasar prácticamente un año para que esa promesa se cumpliera. El 26 de agosto, el titular del Ejecutivo Federal envió un oficio al Senado para que se reconociera la competencia del Comité para que evalúe al Estado mexicano, pueda recibir e investigar denuncias por desaparición forzada de personas en el país y le de recomendaciones en la materia.
"El reconocimiento de la competencia del Comité será un catalizador para la prevención, investigación y esclarecimiento de casos, al tiempo que contribuirá a impulsar la reconciliación con base en la verdad, la justicia, la sanción, la reparación y la garantía de no repetición, de los delitos en materia de desaparición forzada de personas", se leía en el oficio enviado al Senado de la República.
En su primer día de sesiones del último periodo año legislativo, la Cámara alta aprobó la declaratoria por la que el Estado reconoce la competencia.
Para el representante adjunto de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios, esta decisión del gobierno mexicano no solo es un paso significativo para los derechos humanos, también envía un mensaje a los perpetradores de que las desapariciones pueden llegar a instancias internacionales.
En entrevista con Expansión Política, consideró que si bien la Comisión Nacional de Búsqueda, reporta que en México hay 75,186 personas desaparecidas y no localizadas hasta el 11 de septiembre de 2020, ésta no es una cifra cerrada, porque no todas las ausencias han sido reportadas.