"Queremos señalar que la facultad prevista en la reforma es altamente discrecional y no tiene límite alguno pues deja abierto que pueda hacerse este tipo de contrataciones en cualquier momento aún sin que exista emergencia sanitaria", expresaron los integrantes de los órganos ciudadanos.
En la misiva, la red también advirtió que las contrataciones que se realicen bajo este mecanismo no solo tendrán una menor transparencia, sino que también impactará en la disminución de competidores.
"Los mecanismos cerrados a la competencia — adjudicación directa o invitación restringida— tienen un mayor riesgo de corrupción".
Red de Comités de Participación Ciudadana de los Sistemas Nacional y Locales Anticorrupción.
De igual manera, expresó que se quita a los ciudadanos la oportunidad de valorar que la opción seleccionada sea la mejor opción disponible en comparación con otras, lo cual "merma la certeza ciudadana y nos imposibilita la evaluación de la seguridad y calidad de los insumos adquiridos".
Finalmente, los comités anticorrupción expresaron su confianza en que los legisladores que se opusieron a la reforma, así como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) presenten recursos legales para que el Poder Judicial "enderece para la ciudadanía, la transparencia y competencia en las adjudicaciones de estas contrataciones públicas".
Los Red de Comités de Participación Ciudadana fueron creados con el Sistema Nacional Anticorrupción, en 2016, para proponer políticas contra la corrupción, metodologías e indicadores de evaluación, así como establecer vínculos con la sociedad civil; a nivel nacional entre sus integrantes están Rosa María Cruz Lesbros, Alfonso Hernández Valdez y Jorge Alberto Alatorre Flores.
