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#SusanaVigilancia: Sólo 9 poderes judiciales locales permiten “juicios en línea”

La epidemia de COVID paralizó también el acceso a la justicia. A la fecha, apenas el Poder Judicial de la Federación y 14 poderes judiciales estatales han reactivado la atención de casos.
jue 18 junio 2020 10:30 AM
Poder Judicial de la Federación
El Poder Judicial de la Federación y otros nueve estados permiten "juicios en línea" durante epidemia de COVID-19.

De los 15 poderes judiciales, entre ellos el Poder Judicial de la Federación, solo nueve permiten el seguimiento completo de sus casos a través del llamado “juicio en línea”, de acuerdo con las organizaciones Tojil y Transparencia Mexicana.

Además, en cuanto a la operación de estos poderes, el mecanismo de seguimiento a planes, programas, acciones y recursos orientados a enfrentar la emergencia sanitaria por COVID-19, conocido como #SusanaVigilancia, se detectó que al día de hoy solo el Poder Judicial de la Federación y 14 poderes judiciales estatales han reactivado la suspensión de sus plazos y habilitado la atención de sus casos, mientras otros 18 continúan en parálisis y solo permiten la recepción de casos urgentes.

Los datos de la plataforma muestran que en el contexto actual de distanciamiento físico y uso de la tecnología, el Poder Judicial de la Federación permite la tramitación de todos sus casos en línea y, a nivel estatal, 16 poderes permiten la presentación de demandas o solicitudes vía remota.

Mientras que únicamente nueve permiten el seguimiento completo de sus casos a través del “juicio en línea”. Estos son Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Nuevo León, Puebla, Tamaulipas y Veracruz.

El ‘juicio en línea’ y la forma que tome en las próximas semanas determinará el futuro inmediato del acceso a la justicia.

Las organizaciones expusieron que para los “juicios en línea”, tanto el Poder Judicial de la Federación como los poderes estatales requieren de un elemento identificador de los usuarios del sistema, y hasta el momento detectaron que ocho exigen contar con una firma electrónica FIEL (SAT) o FIREL (firma electrónica del Poder Judicial de la Federación) o una firma electrónica proporcionada por el propio Poder Judicial estatal.

Toda esta discusión sobre la eficacia y eficiencia de este mecanismo será objeto de investigaciones futuras, advierten Tojil y Transparencia Mexicana.

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Audiencias en línea y públicas

El informe señala que el Poder Judicial Federal y 17 entidades federativas permiten el desarrollo de audiencias a través de videoconferencia. No obstante, pese a que las audiencias en materia penal deben ser públicas para todas las personas, al momento del estudio solo el Estado de Coahuila prevé normatividad que garantiza esa publicidad.

En este caso, se establece que se podrá permitir observar las audiencias penales que se llevan por videoconferencia a través de un canal bajo la plataforma YouTube, sin embargo, aún no se cuenta con evidencia de que esté cumpliendo esa norma.

Además del Poder Judicial de la Federación, 17 estados permiten audiencias en línea. Estos son Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Edomex, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán.

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Al no facilitar el acceso a las audiencias en materia penal a todas las personas como marca la Constitución, tanto el Poder Judicial Federal como las demás entidades federativas podrían poner en riesgo la constitucionalidad y regularidad de dichos procedimientos penales, alertan los organismos de la sociedad civil.

“Estamos en un cambio de época y los riesgos de comprometer el acceso a la justicia, entendida como un servicio público esencial para la población, debe convertirse en impulso para desarrollar mecanismos económicos, sencillos, transparentes, abiertos y accesibles al mayor número de personas”, señalaron.

Transparencia y Tojil alertaron que en momentos donde se prevé un incremento en la conflictividad y la violencia, derivado de la emergencia sanitaria y sus efectos económicos y sociales, el acceso a la justicia penal debe ser transparente a todas las personas.

“La pandemia y sus efectos no pueden convertirse en justificación para limitar derechos sin motivación o fundamento, o de manera indefinida”, afirmaron al hacer un llamado a las autoridades judiciales a inaugurar una etapa de innovación y creatividad social que permita garantizar el acceso a la justicia, sin coartar la transparencia y publicidad de sus procedimientos y sin poner en riesgo la salud de sus servidores públicos y de los justiciables.

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