#SusanaVigilancia: Sólo 9 poderes judiciales locales permiten “juicios en línea”

Los datos de la plataforma muestran que en el contexto actual de distanciamiento físico y uso de la tecnología, el Poder Judicial de la Federación permite la tramitación de todos sus casos en línea y, a nivel estatal, 16 poderes permiten la presentación de demandas o solicitudes vía remota.

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Mientras que únicamente nueve permiten el seguimiento completo de sus casos a través del “juicio en línea”. Estos son Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Nuevo León, Puebla, Tamaulipas y Veracruz.

Las organizaciones expusieron que para los “juicios en línea”, tanto el Poder Judicial de la Federación como los poderes estatales requieren de un elemento identificador de los usuarios del sistema, y hasta el momento detectaron que ocho exigen contar con una firma electrónica FIEL (SAT) o FIREL (firma electrónica del Poder Judicial de la Federación) o una firma electrónica proporcionada por el propio Poder Judicial estatal.

Toda esta discusión sobre la eficacia y eficiencia de este mecanismo será objeto de investigaciones futuras, advierten Tojil y Transparencia Mexicana.

Audiencias en línea y públicas

El informe señala que el Poder Judicial Federal y 17 entidades federativas permiten el desarrollo de audiencias a través de videoconferencia. No obstante, pese a que las audiencias en materia penal deben ser públicas para todas las personas, al momento del estudio solo el Estado de Coahuila prevé normatividad que garantiza esa publicidad.

En este caso, se establece que se podrá permitir observar las audiencias penales que se llevan por videoconferencia a través de un canal bajo la plataforma YouTube, sin embargo, aún no se cuenta con evidencia de que esté cumpliendo esa norma.

Además del Poder Judicial de la Federación, 17 estados permiten audiencias en línea. Estos son Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Edomex, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán.

Al no facilitar el acceso a las audiencias en materia penal a todas las personas como marca la Constitución, tanto el Poder Judicial Federal como las demás entidades federativas podrían poner en riesgo la constitucionalidad y regularidad de dichos procedimientos penales, alertan los organismos de la sociedad civil.

“Estamos en un cambio de época y los riesgos de comprometer el acceso a la justicia, entendida como un servicio público esencial para la población, debe convertirse en impulso para desarrollar mecanismos económicos, sencillos, transparentes, abiertos y accesibles al mayor número de personas”, señalaron.

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Transparencia y Tojil alertaron que en momentos donde se prevé un incremento en la conflictividad y la violencia, derivado de la emergencia sanitaria y sus efectos económicos y sociales, el acceso a la justicia penal debe ser transparente a todas las personas.

“La pandemia y sus efectos no pueden convertirse en justificación para limitar derechos sin motivación o fundamento, o de manera indefinida”, afirmaron al hacer un llamado a las autoridades judiciales a inaugurar una etapa de innovación y creatividad social que permita garantizar el acceso a la justicia, sin coartar la transparencia y publicidad de sus procedimientos y sin poner en riesgo la salud de sus servidores públicos y de los justiciables.