Ante ello el órgano ciudadano de asesoría y promoción de las políticas públicas que desarrolla el Conapred salió en su defensa mediante un extrañamiento y exigió revalorar la relevancia del organismo, argumentando que su existencia es resultado, “no de una administración, sino de una larga y dura lucha y demanda de grupos históricamente discriminados y de numerosas organizaciones de la sociedad civil, líderes sociales y activistas que han impulsado esta agenda”.
La asamblea señaló que la descalificación al organismo implica vulnerar "las justas" luchas y demandas que se han enarbolado desde distintos colectivos sociales.
Señaló que un proyecto con la premisa “primero a los pobres”, implica reconocer que muchos de ellos se encuentran en esa condición debido a que son personas que son víctimas de prácticas discriminatorias, por lo que es necesario generar condiciones para que no vivan siempre en esa situación y, “aún cuando reciban transferencias económicas, puedan acceder al pleno cumplimiento de sus derechos”.
Ante ello llamó a impulsar una nueva estrategia nacional para prevenir y erradicar la discriminación, incrementando el presupuesto y ampliando las capacidades y recursos de que dispone el organismo para su operación y pidieron a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, que reiteren su compromiso de no reducir los recursos de este organismo y que ratifiquen su apoyo a las agendas que impulsa.
