La seguridad privada fue catalogada como una tarea esencial, ante las medidas para atender la emergencia de COVID-19 en el país, que a la fecha lleva más de 2,000 contagios y más de 100 muertes. Sus tareas van desde la protección en centros comerciales, los cuales se ido cerrando en varios estados y aeropuertos, hasta la custodia de mercancías (alimentos y medicinas), el traslado de valores y coordinación con elementos de seguridad pública ante saqueos y rapiñas.
Aun así, sin apoyos fiscales para poder subsistir, están en riesgo los empleos de 50,000 elementos que congrega el Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP) y que piden al gobierno algunas medidas como disminuir las cuotas del IMSS y trasladar el pago de impuestos hasta que termine o baje la pandemia, así como que se difiera en "parcialidades".