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Organizaciones emiten medidas anticorrupción por la emergencia de COVID-19

Ante la epidemia de coronavirus, organizaciones de América Latina advierten que las autoridades deben garantizar el uso adecuado de los recursos.
jue 26 marzo 2020 11:33 AM
AMLO adultos mayores.
López Obrador hizo un llamado para que las familias cuiden a los adultos mayores, uno de los sectores más vulnerables ante el coronavirus.

La epidemia de coronavirus que afecta no solo a México, sino a más de 100 países en el mundo, despierta alertas en organizaciones de la sociedad civil debido a que la emergencia sanitaria se presta también para actos de corrupción.

“Durante crisis como el brote de un virus mortal, el riesgo de corrupción en la atención médica se ve incrementado por una presión drásticamente mayor sobre el sistema de salud. La perturbación, la incertidumbre y la distracción contribuyen a un entorno en el que algunos actores aprovechen la crisis para su propio beneficio”, señala Transparencia Mexicana.

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Las organizaciones reconocen que los Estados enfrentan consecuencias económicas y sociales que derivan en mayor demanda de bienes y servicios para atender las necesidades que se generan por la situación y por las afectaciones por la limitada actividad económica por las restricciones e imposibilidad de operar con normalidad, por eso consideran que es de “vital importancia” que las autoridades garanticen el uso adecuado de los recursos públicos disponibles para mitigar, contener y subsanar los efectos negativos.

Esta situación propicia la manipulación de información y genera las condiciones para el uso inadecuado de fondos y fideicomisos de emergencia o presupuestos extraordinarios.

Trece organismos de la sociedad civil de América Latina lanzaron un documento llamado “Contrataciones públicas en estados de emergencia”, en el que se desarrollan los elementos mínimos que los gobiernos deben considerar para asegurar las integridad de las adjudicaciones que se realicen durante la contingencia.

Entre las medidas están la máxima apertura en la información de las contrataciones públicas (desde la planeación hasta la entrega del bien), la activación de mecanismos pro-competencia, la fiscalización en tiempo real, la identificación plena de los recursos utilizados y su destino en un solo sitio, y amplia rendición de cuentas pública sobre los recursos utilizados y su destino.

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¿Qué recomiendan las organizaciones?

1. Transparencia y datos abiertos. Los recursos destinados a la emergencia y su uso deben ser informados en su totalidad, de forma continua, oportuna, veraz y verificable y en lenguaje ciudadano, mientras que la información sobre las compras y contrataciones debe publicarse en formatos de datos abiertos y asegurando su accesibilidad para diferentes tipos de audiencias y concentrarse en un sitio público específico (página web, micrositio oficial, u otro). Esto es lo que deben dar a conocer:

  • Información de los bienes o servicios adquiridos en el procedimiento de contratación, incluyendo las especificaciones técnicas del bien, la cantidad y calidad.
  • Precio unitario y global de los bienes o servicios contratados.
  • Tipo de procedimiento de contratación utilizado.
  • Un registro con información sobre la persona natural; o jurídica; con la que se celebró el contrato: Identidad, ubicación, datos de contacto, datos fiscales, identidad de sus cuerpos de gobierno, información sobre los titulares de las acciones o participaciones sociales, ingreso total; entre otros.
  • Justificación técnica y económica para definir la contratación.
  • Información sobre los requisitos de cumplimiento del contrato, tales como fecha, lugar y condiciones de entrega.
  • Población o necesidad a la que responde la contratación.
  • Mecanismos y elementos para la verificación del cumplimiento de las condiciones de la contratación.
  • Entidad pública y funcionario responsable de la contratación y titular de la entidad pública que realiza la contratación.
  • Información sobre los resultados de las auditorías que se realicen a los procedimientos de contratación.
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2. Administración de los recursos. El presupuesto designado para atender las emergencias y contingencias deberá ser administrado bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia e imparcialidad, y deberán asegurar las mejores condiciones para el Estado, en cualquier nivel de gobierno.

Los gobiernos deben informar sobre el origen de los recursos que se tienen disponibles para afrontar la contingencia, las afectaciones presupuestarias que podrían sufrir otras partidas o fondos, así como las reglas que deberán regir el uso de esos recursos.

Esto es lo más importante a considerar:

  • El periodo o condiciones en las que se considerará que prevalece la emergencia, para así evitar hacer un ejercicio indebido de los recursos disponibles.
  • Las necesidades que pueden ser cubiertas con los recursos destinados para la atención de la emergencia.
  • La definición de la autoridad responsable de la supervisión del cumplimiento de dichas reglas.
  • El medio y forma en las que se transparentará el ejercicio de dichos recursos.

Aunado, los gobiernos deben usar preferentemente las plataformas de transparencia presupuestaria disponibles, a través de un micrositio especializado para la información de los recursos extraordinarios para la atención de la emergencia y realizar auditorías en tiempo real.

3. Rendición de cuentas. Adicional a los mecanismos de transparencia en tiempo real, los gobiernos deben informar al término de la emergencia sobre los resultados del ejercicio de los recursos. Para asegurar la rendición de cuentas, es útil contar con mecanismos de monitoreo independiente que revisen que los procesos de contrataciones se apeguen a la normatividad y ajustes legales, con la participación de los ciudadanos.

Entre las cosas que deben informar, están el total de recursos invertidos en la atención de la emergencia, en relación con los recursos autorizados, las acciones realizadas con los recursos invertidos, el número y localización de beneficiarios de las acciones, las contrataciones celebradas para atender las necesidades de la emergencia y el estatus de cumplimiento de cada una, así como una evaluación sobre la eficiencia de dichas contrataciones y la acciones que se podrían realizar con el presupuesto remanente.

4. Garantizar la competencia económica. Los gobiernos deben evitar que en sus procedimientos de contratación para atender la emergencia se propicie la concentración o acaparamiento ya sea para la adquisición de bienes o contratación de servicios de consumo necesario durante la contingencia por fuerza mayor.

Asimismo, se deben de tomar las medidas pertinentes para que las micro, pequeñas y medianas empresas participen en la provisión de bienes y servicios necesarios en la emergencia.

Los gobiernos tienen la obligación de evitar y sancionar el alza de los precios, el acaparamiento y la especulación en la prestación de servicios y propiciar la libre competencia en igualdad de condiciones para asegurar sus propios intereses y contratar en las mejores condiciones.

De acuerdo con las organización, es probable que los gobiernos se enfrenten al desabasto de bienes necesarios para atender las emergencias, por lo que es indispensable que los órganos de competencia económica prevengan las prácticas desleales.

5. Seguimiento al gasto público durante la contingencia. Las organizaciones señalan que es necesario que los presupuestos extraordinarios sean revisados bajo medidas extraordinarias que garanticen la eficiencia e integridad en el uso de los recursos, por lo que deberán implementar mecanismos de vigilancia adicionales a los que prevén las leyes de los gobiernos nacional y locales.

“En particular, es necesario que las instancias de fiscalización y auditoría se mantengan en constante coordinación con los entes contratantes para mantener un control efectivo tanto del presupuesto, como de los bienes y servicios que se contratan para afrontar la contingencia”, plantean.

Asimismo, los órganos de fiscalización deben establecer un protocolo de actuación para el seguimiento y auditoría del ejercicio y destino de los recursos, en tiempo real y de forma paralela se deberán implementar los mecanismos de reporte o denuncia ciudadana de las irregularidades que sean detectadas.

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