En el ejercicio fiscal 2018, los gobiernos de 13 estados rebasaron el presupuesto que les asignó la federación, sin que los congresos locales hicieran algo por detener el sobreejercicio, reveló este viernes el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
En su Índice de Información del Ejercicio del Gasto , la organización civil demostró que el presupuesto se rebasó en al menos 90 rubro; es decir, señaló, que ni los congresos ni los gobiernos locales son austeros.
El IMCO encontró variaciones de gasto en 17 entidades, de las cuales, estas 13 tuvieron un sobreejercicio de hasta el 15%:
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Algunos ejemplos del mal ejercicio de los recursos públicos detectados en ese año son:
1. Guerrero, que en 2018 gastó 1,899 veces más de lo aprobado por el Congreso en ceremonias oficiales.
2. Sinaloa, que en el primer trimestre de 2018 ya había gastado siete veces su monto presupuestado para la compra de vehículos de transporte; al finalizar ese año, la cantidad fue 23 veces superior a su presupuesto inicial.
3. Puebla, que en los primeros tres meses gastó 48 veces lo presupuestado para todo 2018 en publicidad oficial; a cierre de 2018, el gobierno del estado ejerció 453 veces lo aprobado por su Congreso.
4. Tlaxcala gastó, al cierre de 2018, 85 veces lo presupuestado originalmente para la compra de mobiliario (equipo de cómputo, estantes, escritorios, entre otros).
5. Chihuahua, que en el primer semestre de ese año gastó 72 veces el presupuesto aprobado para la adquisición de maquinaria y equipo agropecuario, industrial y de construcción; al finalizar 2018, gastó 582 veces más.
Hay un abuso sistemático entre los recursos presupuestados y ejercidos por las entidades.
Para el IMCO, los congresos locales tienen gran parte de responsabilidad en los sobreejercicios de los gobiernos, pues aunque cuentan con la información para supervisar el gasto de lo presupuestado, no hacen nada por frenar esta práctica.
Entre las facultades de los diputados locales están emitir opiniones respecto al ejercicio de los recursos públicos y llamar a comparecer a los secretarios de finanzas para justificar las variaciones excesivas, sin embargo, no lo hacen.
Además de que muchos no han regulado sus propias atribuciones para aprobar o negar las modificaciones al presupuesto realizadas por las secretarías de finanzas.Esto genera una "complicidad legislativa" incapaz de frenar el "aumento desproporcionado e injustificado del gasto administrativo", concluyó la organización.
