Organización acusa tácticas empresariales contra el etiquetado frontal

"La política y la estrategia de las grandes corporaciones alimentarias solo busca sus intereses, bloqueando las políticas de salud pública, aunque la salud de la población se colapse", dijo Calvillo en una conferencia de prensa, en la que se presentaron casos en otros países de cómo corporaciones globales de comida 'chatarra' y bebidas azucaradas históricamente se han opuesto a las políticas públicas encaminadas a combatir la mala alimentación, la obesidad y la diabetes, con estrategias parecidas.

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Calvillo llamó al gobierno mexicano, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, a no caer en la trampa de la industria y ser el primero en hacer frente a la epidemia de obesidad y diabetes, que está llevando a los mexicanos a una muerte temprana e incrementando el gasto en atención médica. México es el segundo país de la OCDE con mayores índices de obesidad, su principal reto en materia de salud.

"Ya no debe permitirse más que los intereses económicos estén por encima de la salud de los mexicanos", enfatizó Calvillo.

Las tácticas empresariales

La puerta giratoria de funcionarios, las fundaciones fachada y las aportaciones a campañas presidenciales son algunas de las tácticas empresariales encontradas por periodistas de Brasil, Perú y México, y usadas para impulsar medidas y leyes a favor de las empresas y en contra de la salud pública.

En la conferencia de prensa, Elizabeth Salazar, del medio peruano Ojo Público, el periodista brasileño Joao Peres y Kennia Velázquez, de PopLab en México, expusieron las experiencias en sus países.

México: la relación empresarial

Acerca de México, Velázquez refirió que se han dado casos de conflictos de interés.

Comentó que en un estudio se evidencia la relación entre Coca-Cola y los expresidentes de la República, como es el caso de Vicente Fox; incluso, el expanista ha dicho que recibió financiamiento por parte de la refresquera.

La periodista señaló que hay casos también en los que existe conflicto de interés, como en el de Martha Elena Gómez, quien era senadora cuando se discutió el impuesto de 10% a las bebidas azucaradas y es esposa del exgobernador Antonio Echevarría Domínguez, presidente del Consejo de Administración del Grupo Empresarial Alica, concesionario en Nayarit de las marcas de Coca-Cola y del cual es parte el Grupo Embotellador Nayar. Actualmente, Gómez es diputada.

Para la periodista mexicana, falta mayor claridad y transparencia en la información que se da por parte de las compañías. "No hay transparencia de quién le da, para qué les dan, a qué asociaciones patrocinan", dijo.

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En México, ejemplos de las puertas giratorias se dieron con Genaro Borrego Estrada, quien fue presidente del PRI y durante años fue el principal cabildero de FEMSA, y con Roberto Campa, que fue funcionario en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto y ahora ocupa el mismo cargo de Borrego Estrada en FEMSA.

Calvillo recordó que actualmente se está hablando de regular el ingreso de los exfuncionarios a la iniciativa privada, fijando un candado hasta por 10 años para poder hacer ese salto de sector; sin embargo, cuestionó qué se está haciendo del lado contrario.

"¿Qué pasa con la gente que viene de la industria privada, ha entrado a ser funcionario y a defender como funcionario las políticas, a poner las políticas a gusto de las grandes corporaciones?", enfatizó Calvillo.

Perú: financiamiento para campañas

En el caso de Perú, la periodista Elizabeth Salazar expuso, además del conflicto de interés entre empresarios y funcionarios, la situación de la ley de salud, en la que el Ministerio de Salud publicó un decreto en el que se aprobaron algunos "salvavidas"; por ejemplo, se aprobó que el empaque mayor a 20 centímetros tenía que llevar el octágono, pero cambiaron la medida a una mayor a 50 centímetros y también se amplió el plazo de ventas de lo que ya se tenía en stock en las empresas.

Pero el caso más sobresaliente es el de Grupo Romero, el conglomerado más importante en Perú. Durante las investigaciones de Lava Jato, el dueño del grupo, Dionisio Romero, confesó haber aportado 3,650 millones de dólares a la campaña presidencial de Keiko Fujimori.

Brasil: las lupas en los productos 'chatarra'

Joao Peres, quien en los últimos años ha realizado investigaciones periodísticas sobre la industria alimentaria y el conflicto de interés en su país, explicó qué ocurrió cuando se empezó a discutir la política de alertas u octágonos, como el etiquetado mexicano. A pesar de que no había evidencia, tanto el sector empresarial como las dependencias públicas buscaban descalificar las alertas.

El periodista señaló que se hizo una encuesta en la que había una pregunta tendenciosa sobre el miedo que causaban a las personas las alertas; también hubo organizaciones que sin evidencia hacían declaraciones en contra de las alertas, cuando estas son "lo mejor para comunicar qué alimentos no son saludables".