Un Código Penal Único, la propuesta del gobierno para la nueva reforma judicial

De acuerdo con el consejero, fuera de este código quedarían la tipificación de ciertas conductas, como el aborto y la eutanasia, las cuales seguirían quedando en manos de los códigos locales.

Scherer argumentó que la expedición de este código permitiría tener una descripción única de las conductas que constituyen delito en todo el territorio nacional, así como de sus modalidades, grados de participación, gravedad y sanciones. Igualmente, dijo, ayudaría a eliminar criterios jurisprudenciales contradictorios.

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Así, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador propondrá definir a nivel federal los siguientes delitos:

• Secuestro.
• Desaparición forzada de personas y otras formas de privación de la libertad.
• Trata de personas.
• Delincuencia organizada.
• Delitos electorales.

Además, desde el gobierno se buscará que las reformas al Poder Judicial contemplen:

• La expedición de leyes que distribuyan las competencias dentro de la Federación y las entidades federativas, y establezcan los mecanismos de cooperación, colaboración, investigación y ejercicio de la acción penal.
• La expedición de una ley para homologar los procedimientos de procuración de justicia.

• Regulación en materia de capacitación de los policías como primeros respondientes, y de la obligación de los policías, analistas, peritos y personal de las procuradurías o fiscalías locales y de la Federación de prestar auxilio al Ministerio Público para la investigación de hechos constitutivos de delitos.
• La creación de un Registro Nacional de Carpetas de Investigación y de las bases de atracción de los casos entre el MP de la Federación y de las entidades federativas.
• El establecimiento de reglas para autoridades federales o locales, respecto del conocimiento, en primera instancia, de la probable comisión de cualquier delito.
• El establecimiento de criterios de actuación de los policías y del MP.

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• La creación de un modelo de organización institucional de las procuradurías y fiscalías en las entidades federativas, que deberá incluir la estructura de las áreas de investigación, análisis, inteligencia y servicios periciales.
• Facultar a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia para fijar criterios y emitir lineamientos de actuación que faciliten y mejoren la consignación de las carpetas de investigación.
• Se propondrá que las autoridades federales conozcan de los delitos en los que incurran los servidores públicos de las instituciones policiales, de las entidades federativas y de los municipios, que infrinjan los principios establecidos en el párrafo noveno del artículo 21 de la Constitución General del país, relativos a la salvaguarda de la seguridad pública.