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Amnistías fiscales fueron hechas para beneficiar a los más privilegiados: Fundar

Para Iván Benumea, investigador de Fundar, la condonación y cancelación de créditos fiscales impulsó un esquema que benefició a grandes contribuyentes para no cumplir con sus obligaciones.
mié 02 octubre 2019 02:53 PM
Amnistía fiscal
201 contribuyentes que presentaron un amparo para impedir que su información fiscal fuera revelada, cuyo monto perdonado asciende a 274,000 mdp.

La solicitud para que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) diera el nombre y RFC de los beneficiados con condonaciones y créditos fiscales destapó un mecanismo que se usó para favorecer a grandes contribuyentes, consideró la organización Fundar.

“Las amnistías fiscales verdaderamente fueron hechas para beneficiar a quienes más recursos tienen”, afirmó Iván Benumea, investigador del Programa de Justicia Fiscal de Fundar y quien llevó el litigio que finalmente rindió frutos este martes cuando fueron revelados más de 7,000 contribuyentes entre políticos, famosos y empresas beneficiados con este esquema.

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De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), gracias a las amnistías fiscales de 2007 y 2013 –correspondientes a los primeros años de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto–, a un grupo de 15 contribuyentes se le perdonó más de 46,000 millones de pesos.

Tras una larga batalla, de aproximadamente cuatro años desde que Fundar solicitó conocer la información y el SAT se la negó alegando que estaba protegida por el “secreto fiscal”, finalmente este martes el órgano a cargo de Margarita Ríos la entregó.

El resultado: 7,885 personas y empresas que en total recibieron beneficios por 172,335 millones de pesos, casi la cuarta parte (24%) de los recursos se concentran en sólo 10 beneficiarios.

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Aunque el listado y monto aún es parcial, pues no considera los datos de 201 contribuyentes que presentaron un amparo para impedir que su información fuera revelada, cuyo monto perdonado asciende a 274,000 mdp; es decir, este grupo –que representan 2.4% del total de beneficiarios– acumula 37% de todos los recursos que el Estado dejó de percibir.

No obstante, tanto el abogado de Fundar como el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, coinciden que pronto se conocerá también esta información debido a un criterio judicial que señala que cuando “esté en juego la información de los beneficiados de condonaciones de impuestos no existe el derecho a acudir a instancias judiciales ni administrativas”.

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Para beneficio de los privilegiados

De acuerdo con el abogado de Fundar, todo este esquema fue diseñado para favorecer a los grandes contribuyentes.

Por ejemplo, en el caso de las condonaciones de 2007, el expresidente Calderón escribió en su cuenta de Twitter que la Ley de Ingresos de ese año estableció las bases para un programa de recuperación de cartera vencida del SAT que buscaba regularizar los impuestos de los contribuyentes en mora y generar incentivos.

Pero Benumea consideró que, por el contrario, estos programas de 2007 y 2013 generaron una especie de desincentivo: los contribuyentes no pagaban, esperando que llegara la condonación de sus impuestos.

El problema es que ya había certeza en el mundo empresarial, en el mundo fiscalista, sobre las amnistías fiscales, ya sabían que cada sexenio se iba a presentar la posibilidad de que se le condonaran impuestos, si sabes de eso, ¿qué incentivos tienes para pagar o para ponerte al día?”.
Iván Benumea, investigador de Fundar

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El abogado celebró que en este sexenio se cancelaran las amnistías fiscales y recordó que el gobierno federal busca prohibir las condonaciones y una reforma a la Constitución en el mismo sentido.

“Creo que Fundar logró ganar un caso que hace unos años parecía imposible, y sobre todo colocamos en la agenda pública y en la boca de muchas personas por qué las condonaciones de impuestos no son una buena idea y aportamos datos que lo confirman, yo creo que esta información será muy importante para en el futuro escenario, que esperemos no sea el caso, en que otro gobierno quiera acudir a una amnistía fiscal para beneficiar a sus vínculos más cercanos”, consideró.

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Los retos y el “secreto fiscal”

Benumea explicó que en este periodo enfrentaron varios retos, primero porque el SAT se negaba a dar la información, pese a que se lo ordenó el INAI.

“Identificamos que el SAT incumplía resoluciones del INAI, cada vez que el INAI resolvía a favor de la transparencia, el SAT simplemente no hacía caso. Cuando detectamos esta conducta presentamos un amparo en donde básicamente reclamamos el incumplimiento a una resolución del INAI”, señaló.

A la batalla contra el SAT se sumaron los amparos solicitados por los contribuyentes para que se ocultara la información sobre ellos bajo el argumento que los protegía el secreto fiscal.

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El abogado señaló que hasta en entonces nadie se había planteado qué implicaciones tenía para la transparencia y el acceso a la información esa figura, por lo que presentaron un amparo alegando su inconstitucionalidad y se resolviera si podía o no ser utilizado para los perdones de impuestos.

El litigio se materializó en una reforma al Código Fiscal en 2014 y a partir de ahí, la Ley General de Transparencia obliga que todos los perdones de impuestos, deudas, multas o recargos sean públicos.

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