La "casa blanca" del expresidente Enrique Peña Nieto y de su exposa Angélica Rivera está bajo la mira del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que de diciembre de 2018 a agosto de este año interpuso 33 denuncias por presuntos casos de corrupción ante la FGR, entre ellas una por la "casa blanca", otras cuatro relacionadas por el esquema de desvío de recursos conocido como “La Estafa Maestra" y otras más por el caso Ayotzinapa.
Como parte del Primer Informe de Labores del presidente Andrés Manuel López Obrador, la dependencia encabezada por Irma Eréndira Sandoval reveló que las denuncias se presentaron al considerar que pudiesen afectar los intereses de la nación.
“Una por daño en propiedad ajena, 20 por enriquecimiento ilícito, cuatro por convenios relacionados con la estafa maestra, cinco por convenios celebrados con instituciones públicas educativas, una de presidencia, una casa blanca y una denuncia por Ayotzinapa”, detalla el informe de la Secretaría de la Función Pública.
El inmueble –ubicado en Sierra Gorda 150, Lomas de Chapultepec, Ciudad de México– puso bajo sospecha de corrupción a la administración del expresidente Enrique Peña Nieto debido a que la propiedad fue adquirida por la entonces primera dama Angélica Rivera a Grupo Higa, un contratista del gobierno federal; el inmueble está valuado en 54 millones de pesos.
1 Informe de Labores - Secretaría de la Función Pública.
— SFP México (@SFP_mx) September 2, 2019
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En febrero de 2015, el presidente encargó al entonces secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, investigar si hubo o no conflicto de intereses. Seis meses después, el funcionario lo exoneró.
Meses antes de concluir su sexenio, el mismo mandatario federal dijo que a pesar de haberse conducido conforme a la ley, la adquisición de esa casa fue un error, por lo que ofreció disculpas a los mexicanos por lastimar la investidura presidencial y dañar la confianza en el gobierno.
En lo que se refiere a las denuncias relacionadas al caso de "La Estafa Maestra" —el esquema de desvío de recursos a través de universidades públicas y empresas fantasma, por el que se investiga a la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles—, el informe refiere que pudieran estar implicados funcionarios de Pemex.
“Destaca la presentación de 13 denuncias relacionadas con servidores públicos que laboraron en PEMEX y pudieran estar vinculados con la estafa maestra, de las cuales cinco fueron presentadas en su contra por ejercicio indebido del servicio público y las ocho restantes por incremento patrimonial sustancial total de $81,362,922.33 no aclarado”.
Sobre el caso Ayotzinapa, el informe señala que la denuncia se presentó por la presunta omisión de los servidores públicos adscritos al órgano interno de control de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) de llevar a cabo procedimientos administrativos disciplinarios contra los servidores públicos que obstruyeron, obstaculizaron y dificultaron el esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos".
El informe resaltó que pese a que entre 2009 y 2013 trataron de "desaparecer" la SFP, en estos primeros nueve meses de gobierno se han incrementado en 30% las denuncias recibidas, ha recibido 20,504 denuncias, sancionado a 1,400 servidores públicos y a casi 200 empresas, e impuesto multas por más de 1,400 millones de pesos.
