Abogado asegura que el recurso de "interés nacional" de AMLO es inexistente

Las suspensiones

Esto luego de que el Juez Décimo de Distrito en el Estado de México otorgó el pasado 21 de agosto un amparo que prohíbe la ejecución de la Autorización de Impacto Ambiental hasta que se analice si cumple con los principios en materia ambiental y garantiza el derecho a un medio ambiente sano que protege la Constitución.

Esta acción legal forma parte de los 147 amparos que desde mayo pasado el colectivo #NoMásDerroches, compuesto por organizaciones, despachos y ciudadanos, entre otros, interpuso para frenar la construcción del aeropuerto de Santa Lucía hasta que se justifique la decisión.

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A la fecha, ya se consiguió la suspensión definitiva o provisional en nueve, el último en contra de todos los efectos y consecuencias de la Autorización de Impacto Ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) respecto al proyecto de Santa Lucía.

La penúltima suspensión, del 15 de agosto dictada por el Juez Quinto de Distrito de la Ciudad de México, dice que se tiene que detener el inicio de la construcción de Santa Lucía hasta que se resuelva por completo el juicio de amparo .

Este fue importante porque el Poder Judicial de la Federación había otorgado suspensiones definitivas en otras ocasiones, pero condicionaba el desarrollo aeroportuario a que se obtuvieran todos los permisos ambientales, de seguridad, viabilidad aeronáutica, etc. Es decir, que una vez obtenidos todos los permisos y estudios, el gobierno estaría en posibilidad jurídica de reiniciar la construcción aunque los juicios de amparo no hubiesen concluido.

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Pero con esa resolución, la construcción tendrá que esperar a que se resuelva el juicio de manera definitiva.

La estrategia de #NoMásDerroches

A partir de que se tomó la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco y sustituirlo por Santa Lucía, el equipo de #NoMásDerroches empezó a ver si existía algún medio legal para tratar de controvertir esta decisión, a su parecer injustificada desde el punto de vista jurídico.

Entones, se fue armando un grupo de abogados expertos en distintas materias interesados en tocar la puerta del Poder Judicial, para que sea éste quien decida si es correcta o no esta decisión tomada por la actual administración. Fue así que culminó en una estrategia de juicios de amparo que empezaron a promoverse en mayo.

El abogado de MCCI explicó que los amparos tienen algunas diferencias dependiendo el tipo de demandante, por ejemplo, hay algunos promovidos a nombre de pasajeros, otros a nombre de pilotos o a nombre de vecinos de Santa Lucía o Texcoco, e interpuestos en diferentes juzgados, para tener 147 posibilidades de solución.

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Explicó que no es posible saber cuánto tiempo pueden tardar los procesos porque son asuntos complejos y los plazos van cambiando. Por ejemplo, cuando se emitió el autorización de impacto ambiental, tuvieron que ampliar las demandas y eso vuelve más complejo el juicio y tarda más tiempo.

Carrasco comentó que hasta el momento sólo plantearon una estrategia legal del tema de aeropuertos y están revisando si son cuestionables desde el punto de vista jurídico otros proyectos, no necesariamente del gobierno federal, sino que también pueden ser gobiernos locales y empresas privadas.

“Si consideramos que implica un derroche de recursos públicos y violación a derechos humanos, en su momento estaremos actuando por la vía jurídica”, dijo.