La Fiscalía General de la República (FGR) presentó este jueves, en la audiencia de Rosario Robles ante un juez de control en el Reclusorio Sur, los testimonios de tres personas que aseguraron que, desde junio de 2014, la exfuncionaria sabía sobre los desvíos y las irregularidades en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Los agentes de la FGR detallaron que los testigos —José Antolino Orozco Martínez, María del Carmen Gutiérrez Medina y Marcos Salvador Ibarra Infante— narraron encuentros de Robles con Juan Manuel Portal, extitular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que terminaron de forma abrupta, así como que la entonces secretaria de Estado recibió informes verbales y documentales en los que se demostraba que había estructuras paralelas en las dependencias a su cargo, dedicadas a falsificar firmas y documentos para realizar convenios irregulares con universidades.
Estas son las claves de esos testimonios.
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La cronología
2014
En junio, cuando Robles encabezaba la Sedesol, supo de voz del auditor que se habían detectado numerosas irregularidades en la dependencia, debido a que se estaba abusando del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público mediante la firma de convenios con universidades para no tener que convocar a licitaciones. Dicho artículo establece que entes públicos que reciben total o parcialmente recursos públicos, como las universidades, pueden celebrar convenios con el poder Ejecutivo federal y quedar exentos de licitaciones.
Según los testigos, Robles dijo que los convenios con las universidades no eran ilegales. Portal le advirtió que esas universidades no tenían capacidad técnica para ofrecer los servicios en cuestión, además de que la ASF había encontrado irregularidades como subcontrataciones ilegales por parte de las universidades y gastos no comprobados.
Por ejemplo, la ASF había detectado que numerosos insumos del programa de la Cruzada Nacional contra el Hambre no habían sido encontrados y no había certeza de que hubieran llegado a los beneficiarios.
Según los testigos, Robles terminó de forma abrupta la reunión con Portal, en las oficinas de la ASF, y se retiró con sus colaboradores, entre los que estaba Orozco Martínez, entonces director de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios de la Sedesol. Ibarra Infante, entonces director general adjunto en la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la Sedesol, también confirmó ese encuentro.
En septiembre de 2014, Robles supo por Orozco Martínez que había irregularidades en un convenio con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), para la realización de 6.7 millones de encuestas mediante un contrato de 77.8 millones de pesos (mdp). Según Orozco Martínez, ese convenio surgió después de una reunión que tuvieron funcionarios de la Sedesol con el rector Alejandro Vera, a principios de ese mes.
Aunque inicialmente Orozco Martínez firmó ese convenio, halló diversas inconsistencias en el documento, además de que las encuestas no las iba a realizar la UAEM, sino la propia Sedesol, en un proyecto que iba a ser encabezado por Pedro de León Mojarro.
Orozco Martínez pidió a su subalterna, Gutiérrez Medina, que destruyera el documento. Sin embargo, el 8 de septiembre, el convenio, con todo y la firma de Orozco Martínez —que fue suplantada—, fue aprobado y se autorizó el pago a la UAEM. Tanto Orozco como Gutiérrez hicieron saber a Robles sobre esta situación, pero, afirmaron, ella los remitió directamente con el oficial mayor de la dependencia, Emilio Zebadúa.
La FGR informó que tiene una carpeta de investigación abierta, debido a que solo se realizaron 1.4 millones de encuestas. Además, el 28 de diciembre de 2014, antes de que se autorizara el pago, la UAEM subcontrató servicios con Grupo Industrial y Servicios Yafed por 73.1 mdp, monto superior al permitido por la ley.
En esa carpeta, que busca castigar a los responsables de un daño patrimonial de 77.8 mdp, se investiga a Emilio Zebadúa; a Francisco Javier Báez, exdirector de Programación y Presupuesto, y a Pedro de León Mojarro.
2015
Durante todo ese año, Robles recibió 12 oficios por parte de la Sedesol en los que se le informaba sobre los pliegos de observaciones por irregularidades halladas en la dependencia.
El 20 y el 21 de agosto, la ASF entregó a la Sedesol dos oficios en los que se advertía de un posible daño patrimonial a la dependencia por irregularidades en los contratos con universidades.
2017
En marzo, de forma verbal, Orozco Martínez, ya como funcionario de la Sedatu, le hizo saber a Robles de distintas irregularidades en la dependencia.
2018
El 24 de enero y el 1 de marzo, Orozco Martínez hizo saber a Robles sobre posibles daños patrimoniales a la Sedatu por irregularidades en contratos.
El 20 de febrero y el 7 de marzo, a través de dos notificaciones, la ASF comunicó a Robles sobre un daño patrimonial a la Sedatu, luego de que se fiscalizó la Cuenta Pública de la dependencia.
En octubre, Gutiérrez Medina informó a Robles de manera verbal sobre afectaciones a la Sedatu. El 24 de octubre, el 13 de noviembre y el 16 de noviembre, Gutiérrez Medina le hizo saber, de forma escrita, sobre un posible daño patrimonial a la dependencia.
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La estructura paralela
En sus declaraciones ante la FGR, los testigos refirieron que, lejos de las oficinas de la Sedatu y Sedesol, casas en Polanco eran usadas por colaboradores de Robles, entre ellos Zebadúa, para encabezar una estructura alterna dedicada a la suplantación de funcionarios, falsificación de firmas y elaboración de contratos irregulares.
Según Orozco y Gutiérrez, solían ser citados en una casa en Tennyson 125, donde se elaboraban los convenios con las universidades. De acuerdo con los testigos, a los funcionarios presentes en ese inmueble se les comentaba que Robles les mandaba a decir que no se preocuparan, pues “ya todo estaba arreglado”.
La postura de la FGR: Robes siempre supo
De acuerdo con la FGR, Robles debe ser vinculada a proceso por el delito de ejercicio indebido en el servicio público, pues es responsable de un daño patrimonial de 5,073 mdp a la Sedesol y la Sedatu, mediante 27 convenios irregulares firmados con universidades.
En la audiencia del jueves, los agentes de la FGR señalaron de forma reiterada que Robles siempre supo de las irregularidades en ambas dependencias y, lejos de hacer algo para evitarlas, las permitió.
“Usted tuvo pleno conocimiento, insisto, pleno conocimiento de una afectación al patrimonio de la hacienda pública federal”, señaló una de las agentes. “No obstante lo anterior, no lo evitó, provocando con todo ello que se siguiera materializando un daño patrimonial”.