Luego de nueve horas, un juez aplazó la decisión sobre si vincula o no a proceso a Rosario Robles Berlanga por el delito de ejercicio indebido del servicio público y será el próximo lunes cuando se reanude la audiencia.
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó formalmente vincular a proceso a la extitular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), pero su defensa pidió una prórroga de 144 horas para poder presentar pruebas a su favor, lo que fue aceptado por el juez de control, quien citó el lunes a las 18:09 horas para continuar la audiencia.
La FGR no solicitó medidas cautelares para evitar una posible fuga, lo que el juez señaló cono inaudito. Aún así Robles se comprometió a asistir a la audiencia.
“Estaré aquí como estuve aquí hoy de manera voluntaria”, dijo Robles tras escuchar la decisión del juez, fue la única vez que tomó la palabra, pues cuando la FGR le hizo las imputaciones y el juez le cedió la palabra, decidió guardar silencio.
Los agentes de la institución a cargo de Alejandro Gertz Manero acusaron este día a Rosario Robles Berlanga de haber conocido y no haber actuado en contra de los desvíos de recursos a través del esquema conocido como "La Estafa Maestra" en las secretarías de las que fue titular entre 2012 y 2018, que causaron un daño patrimonial de 5,073 millones 358,846 pesos.
Usted tuvo pleno conocimiento, insisto, pleno conocimiento de una afectación al patrimonio de la Hacienda Pública federal (...) No obstante, lo anterior, no lo evitó. Provocando con todo ello que se siguiera materializando un daño patrimonial"
De acuerdo a los agentes del Ministerio Público federal, funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), incluido su extitular Juan Manuel Portal, le hicieron saber a Robles las irregularidades en reiteradas ocasiones, tanto verbalmente como mediante oficios, pero fue omisa en evitarlo.
Robles se mantuvo en silencio en la mayor parte de la audiencia y de brazos cruzados, solo intercambiaba palabras con sus defensores legales.
Por la modalidad en que se le imputa el delito de ejercicio indebido del servicio público, la exjefa de Gobierno del Distrito Federal podría enfrentar de dos a siete años de prisión, una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización -actualmente de 84.49 pesos–, así como la destitución e inhabilitación de dos a siete años para desempeñar cargos públicos, según el Artículo 214 del Código Penal Federal.
El delito no amerita prisión preventiva por oficio, por lo que la exfuncionaria podría llevar en libertad el juicio en caso de que sea vinculada al mismo. Este miércoles, un juez federal le negó la suspensión definitiva que había solicitado para no ser detenida porque aún no había una orden de aprehensión en su contra.
Luego de una hora de debate respecto a si la ASF podía participar como parte ofendida, el juez accedió a la solicitud de la FGR, pese a la resistencia de los abogados de Robles.
La defensa de la experredista también quiso diferir la audiencia, pero el juez se negó.
Alrededor de las 15 horas, en medio de un receso y tras conocer las acusaciones en su contra, Rosario Robles envió un mensaje a través de su cuenta de Twitter.
Robles arribó a las 9:58 horas de este jueves al Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales de la Ciudad de México.
“Lo único que les quiero decir en este momento, porque voy a entrar a conocer apenas en este momento, (es que) aquí estoy como lo prometí, dando la cara como la he dado siempre y muy tranquila”, dijo la exfuncionaria, quien llegó acompañada de familiares y sus defensores legales.
El lunes pasado, Rosario Robles envió una carta al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, en la que dijo ser “víctima de una campaña sistemática de linchamiento y difamación por algunos medios”.
Ese mismo día, la defensa de la exfuncionaria confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda le congeló dos cuentas .
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