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La CNDH señala que autoridades violaron el derecho a la verdad en el caso Iguala

En una recomendación por el crimen contra los 43 normalistas, la comisión advierte que hubo faltas que contaminaron y perdieron pruebas, y que se establecieron conclusiones sin elementos suficientes.
Conclusiones
Conclusiones. La CNDH presentó su recomendación a más de cuatro años del crimen contra los 43 normalistas.

CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico).- Aunque Enrique Peña Nieto está a unos días de dejar la presidencia de México, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa es un caso que aún no está cerrado, señaló este miércoles la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al presentar una recomendación a las autoridades por violaciones graves en este crimen.

La recomendación 15VG/2018, respecto de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014, fue presentada por el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, quien se refirió a este caso como el más complejo en la historia del organismo autónomo.

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"En Iguala, diversas autoridades, tanto a nivel federal como local y municipal, sabían que las cosas estaban descompuestas y contaminadas, pero nadie hizo nada para actuar, con ello se hubiese evitado un desenlace como el que se presentó, que nos llenó de dolor, de indignación y coraje", dijo en la presentación del documento.

Las conclusiones

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Tras investigar y analizar el caso, la CNDH llegó a estas conclusiones:

  • Existió una vinculación clara y previa a estos hechos entre autoridades estatales y municipales con miembros del crimen organizado.
  • Al menos desde 2013 había información que vinculaba a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, con grupos del narcotráfico, sea de manera directa o a través de familiares de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa.
  • La desaparición forzada de 43 estudiantes, la muerte de seis personas y las lesiones contra 42 se derivaron de la colusión entre autoridades y organizaciones criminales.
  • Las omisiones y la actuación indolente de instancias de procuración e impartición de justicia ocasionaron la contaminación y pérdida de evidencias.
  • Fue subestimado el hallazgo de 38 porciones petrosas de huesos temporales por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), así como el material contenido en una bolsa recuperada del Río San Juan, en la que se encontraban otras tres porciones petrosas, 52 fragmentos óseos y 21 elementos odontológicos, susceptibles de someterse a pruebas de ADN para precisar si los huesos correspondían a los normalistas o no.
  • Por restos óseos hallados se concluye que los cuerpos de al menos 19 personas fueron incinerados en el basurero de Cocula, aunque aún resulta indispensable realizar los análisis genéticos a efecto de determinar si dichos fragmentos óseos corresponden a alguno de los estudiantes normalistas desaparecidos.
  • Autoridades violentaron el derecho a la verdad de las víctimas al formular o difundir declaraciones sesgadas o información parcial o falsa, pues sin contar con evidencias comprobadas se dio por sentado que los 43 estudiantes desaparecidos habían sido asesinados.
  • La investigación llevada a cabo por la CNDH de manera reiterada se vio obstaculizada por la falta de cooperación de diversas autoridades, que recurrentemente negaron acceso a la comisión a la información que tenían en su poder.

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