#Testimonios: Los huérfanos de feminicidios y las indemnizaciones pendientes

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua (ADNPOlítico).- Jade y Kafet ya son unos adolescentes y desde hace 17 años han visto como su abuelita, Norma Andrade ha luchado por darles educación a la par de salir a las calles a marchar, a participar en foros y hasta viajar fuera del país en búsqueda de justicia para su hija Lilia Alejandra, asesinada en febrero de 2001 en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Ellos apenas tenían dos años y cinco meses de edad cuando su madre fue hallada sin vida, con huellas de violencia sexual, en un terreno baldío.

"Ahora ya son unos jovencitos. Les tuve que explicar lo que pasó con su mamá. Aún no logran entenderlo. A veces me acompañan a las marchas a exigir justicia. Ellos están mal psicológicamente porque en su momento, nadie nos brindó atención", narra Norma a ADNPolítico.

Sus ojos humedecen cuando recuerda lo difícil que fue para ella sobrevivir con sus nietos en medio de una crisis de violencia y un salario como maestra.

Pero esta escena familiar no ha sido lo único complicado. Esta familia lleva casi dos décadas exigiendo saber quién o quiénes mataron a Lilia Alejandra y porqué. No han tenido respuestas.

Gracias a que durante esta lucha, Norma fue conociendo a activistas, promovió su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y apenas en mayo del 2017, el Estado mexicano reconoció retraso en impartición de justicia, pues a la fecha, la fiscalía local solo le ha informado que hay tres sospechosos, pero ningún detenido.

Norma lleva bien la cuenta: han pasado cuatro gobernadores y nueve fiscales y ninguno le ha informado sobre una línea de investigación. Ella asume que se trató de un feminicidio pero aún no entiende porqué.

Para dar carpetazo a este caso, le ofrecieron un "acuerdo de solución amistoso" que consiste en integrar a sus nietos a programas sociales para que reciban becas, una disculpa pública e indagar, ahora sí, este feminicidio. Ella se negó, pues alega que ha sido mucho el tiempo en el que ha rogado a que volteen a verla para aceptarlo.

Además de conseguir la detención de los responsables, Norma busca una indemnización que permita a sus nietos estudiar una carrera universitaria, además de medidas de protección para los tres.

Mary García se acercó tres veces al virtual presidente Andrés Manuel López Obrador durante la inauguración de los foros escucha en el teatro de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez para pedirle intervenir para que los principales tratantes que operan en la ciudad sean detenidos, pues asegura que los responsables de la desaparición de su hija Jessica, siguen operando en los principales hoteles del centro.

"Siguen desapareciendo jovencitas. Muchas compañeras siguen sin saber de sus hijas y no es justo. Que digan en dónde las tienen (...) que caigan las cabezas grandes", dijo en entrevista con ADNPolítico. "El infierno es poco de lo que se está viviendo en Juárez", agregó.

La primera vez que Mary buscó hacer esta petición de manera directa a López Obrador, lo hizo en el presidium. "Señor, deténgalos por favor. Ya no confiamos en los gobiernos corruptos de aquí", le dijo. A un lado estaba el gobernador Javier Corral, a quien ella pidió apoyo en múltiples ocasiones sin ser escuchada y sin respuesta alguna. Incluso responsabiliza al panista de retirar terapias psicológicas a familiares de victimas del delito.

Ella tuvo que salir de Ciudad Juárez durante cinco años por sentirse amenazada, pues desde mayo de 2010, cuando ubicó que su hija era prostituida en un hotel de esta ciudad, fue intimidada. Según contó a ADNPolítico, tuvo que realizar sus propias investigaciones y aunque solicitó un cateo en el lugar en donde había ubicado a Jessica y a otras adolescentes, asegura que el ministerial que llevaba su caso, nunca la escuchó y no actuaron.

Dos años después, en febrero de 2012, le entregaron los restos de Jessica que fueron encontrados en el Arroyo del Navajo, de esta ciudad.

Mary se quedó con la impotencia de recuperar con vida a su hija porque ninguna autoridad la ayudó. Por esta razón es que también exige el cese del agente Ramón Ramos de la fiscalía local, pues cree que fue corrompido para no indagar el caso. El martes entregó copias del expediente a López Obrador con la esperanza de recibir ayuda.

Jessica Leticia Peña tenía 15 años de edad cuando desapareció del centro de Juárez, luego de acudir a un estabelcimiento a pedir trabajo. Su caso, forma parte de 11 adolescentes, cuyos restos fueron encontrados en el arroyo.

Por estos casos, hay seis detenidos acusados de homicidio, trata y delincuencia organizada, pero Mary asegura que se trata de empleados menores y no las cabecillas de esta red de trata de personas.

Esmeralda Castillo Rincón de 14 años de edad se dirigía a la Secundaria Técnica 79 cuando desapareció la mañana del 19 de mayo del 2009. Sus padres, José Luis y Martha no han declinado un solo día en buscarla. Cada día, pegan cartelones con su rostro en las calles de Ciudad Juárez, con la esperanza de encontrarla con vida.

El último intento por llamar la atención para que las autoridades locales les entreguen resultados de las investigaciones se dio este martes cuando José Luis encaró de frente al gobernador Javier Corral y le exigió una audiencia. Frente a Andrés Manuel López Obrador, le pidió que se comprometiera plasmando su firma en un cuaderno que llevaba.

Ahora, está en espera de que esta reunión se dé para conocer la línea de investigación que se sigue en el caso, pues lo último que le dijeron fue que le entregarían restos de un cuerpo, del que tenían sospechas fuera de su hija.

"Yo no puedo recibir un pedazo de hueso y aceptar que mi Esmeralda está muerta cuando no me han dado detalles de las indagaciones", señaló José Luis.

Han pasado nueve años desde que se presentó la denuncia por desaparición, y a la fecha, esta familia se mantiene en la incertidumbre de no saber qué fue de la menor de sus tres hijos.

"Desde ese día ha sido un pleito constante con las autoridades para que nos den audiencia. Por eso, vamos a continuar, por el amor que le tenemos a nuestra niña", expresó José Luis, quien asegura que el personal de la Fiscalía le ha dicho que lo que le conviene ya es solicitar una indemnización y ya no la localización de Esmeralda.

Antonia Rentería es madre de dos de cinco jóvenes detenidos en 2010, acusados de detonar un coche-bomba en Ciudad Juárez en el que perdieron la vida tres personas: un policía federal, un policía municipal y un rescatista.

Con una manta que contenía la leyenda: "En Juárez, no más tortura", esta mujer buscó ser escuchada por integrantes del futuro gabinete federal durante el inicio del 'foro escucha'.

Su intensión es que se repare el daño ocasionado a sus hijos (Víctor Manuel Martínez Rentería, Gustavo Martínez Rentería), pues tras permanecer tres años en la cárcel, recuperaron su libertad gracias a resultados del Protocolo de Estambul. Es decir, se comprobó que fueron golpeados para declararse culpables.

"Mis hijos ya no duermen, hasta a las 5 o 6 de la mañana. Uno de mis hijos vio cuando los federales violaron a su hermano, él vio cuando penetraron a su hermano. Ellos quedaron muy mal (psicológicamente) y no ha recibido atención", reclamó Antonia.

La lucha que está dando desde el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, es que el gobierno federal indemnice a las víctimas, ya que a pesar de tener ese derecho, sus peticiones han sido ignoradas.

Cuando Víctor Manuel y Gustavo fueron detenidos, fueron acusados de delincuencia organizada, delitos contra la salud en la modalidad de posesión de mariguana, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, entre otros.

Fernando Sánchez Espino falleció en julio de 2014 tras permanecer seis meses hospitalizado debido a que se le reventaron las vísceras supuestamente por golpes recibidos por agentes de la Fiscalía General de Chihuahua cuando fue detenido junto con su hermano y yerno en noviembre de 2013, acusados por el delito de extorsión.

Según Angélica Moncada Medina y Ramón Díaz Rojas, padres de Ernesto -yerno de Fernando- los ministeriales torturaron a los tres hombres para que se declararan culpables, tal como se demostró en una investigación que realizó la Comisión Estatal de Derechos Humanos, hecho por el que emitió una recomendación en octubre de 2016.

Además, los resultados de la Prueba de Estambul demostraron que sí fueron torturados, por lo que tras tres años en el penal, los otros dos con los que fue detenido Fernando, abandonaron la cárcel.

Ahora, sus familiares exigen una indemnización pues en el caso de los papás de Ramón, quien es ciudadano americano, perdieron su negocio, y gastaron más de 150,000 pesos en abogados para dar seguimiento su caso,

Un día antes de los foros realizados este martes, Angélica y Ramón buscaron dialogar con el futuro secretario de Seguridad, Alfonso Durazo para solicitar su intervención con el fin de que el Estado repare el daño ocasionado, pero no fue posible.

"Exigimos lo justo. Mi hijo quedó muy dañado, cualquier ruido que escucha, se altera. Me entregaron otro hijo", dijo en entrevista con ADNPolítico Angélica.

Quieren que la muerte de su consuegro no quede impune, y aparte de castigar a los responsbales, se cubra la indemnización.

Juan Eduardo tiene 11 años de edad y es el hijo menor de la casa. Desde los cinco años acompaña a su mamá, Bertha Ramírez a buscar a su hermano Saúl Everto, un exmilitar desaparecido en 2013 en las calles de Hidalgo del Parral, un municipio en el sur de Chihuahua.

Este menor esperó más de cinco horas afuera del teatro Gracia Pasquel de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) junto con una de sus hermanas, mientras su madre acompañaba consignas “¡Ni perdón, ni olvido!”, adentro, frente al presidente electo Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral.

“Mi mamá llora todos los días. Yo la abrazo y le digo que se calme, que un día vamos a encontrar a mi hermano”, dijo a ADNPolítico, mientras aguardaba bajo los rayos del sol. En su pecho llevaba colgada una fotografía de su hermano, con el uniforme militar.

Juan Eduardo dice saber que vive en una ciudad violenta porque en su casa escucha todos los días que fue la causa de que su hermano no esté con ellos.

Previo a la realización del primer foro, Bertha Ramírez manifestó su entusiasmo que el nuevo gobierno federal busque la forma de escuchar a las víctimas del narcotráfico, porque está segura, que algún cártel de la droga secuestró a su Saúl Everto.

El joven ya no regresó a casa desde el 18 de enero del 2013 cuando salió de su casa rumbo al trabajo.