La Coparmex inicia recolección de firmas en busca de una fiscalía autónoma

CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico) - La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) arrancó este 1 de agosto –un mes después de las elecciones– la recolección de firmas para presentar ante el Congreso una iniciativa ciudadana para modificar el artículo 102 de la Constitución, referente a la Fiscalía General de la República, la cual contempla el nombramiento de un fiscal de transición.

"La fragilidad del estado de Derecho es el principal inhibidor del desarrollo y bienestar de nuestro país. Fenómenos como la violación sistemática de la ley, la corrupción, la impunidad, la falta de certidumbre jurídica, solamente pueden explicarse por la ausencia de instituciones que tienen el mandato de hacer cumplir la ley", dijo Gustavo de Hoyos, líder de la Coparmex.

De Hoyos aseguró se necesita fortalecer el marco legal de las instituciones que participan en el proceso de investigación, persecución, enjuiciamiento de quienes violentan la ley, lo cual necesita de una fiscalía autónoma, eficaz e independiente.

De acuerdo con la legislación actual, se necesita el 0.13% firmas del electorado para presentar una iniciativa ciudadana, es decir alrededor de 117,000 o 120,000 apoyos que deben ser revisados y aprobados por el Instituto Nacional Electoral (INE). Por ejemplo, la Ley 3 de 3 recibió el respaldo de casi 300,000 mexicanos.

Arranca recolección de firmas

El organismo patronal informó que desde hoy recorrerán el país para recolectar las firmas necesarias para presentar una iniciativa ciudadana que arrope las peticiones del sector empresarial, de organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos de una fiscalía independiente.

De Hoyos reconoció que este proceso puede ser largo, pero que están dispuestos a hacerlo. La idea es que a partir de que inicie la próxima legislatura, el 1 de septiembre, se empiece a discutir la iniciativa y que sea aprobada por las 2/3 partes de ambas cámaras y en 17 legislaturas locales. Luego tendría que publicarse el decreto de reforma constitucional.

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Fiscal general de transición

La Coparmex propone que mientras se terminan de hacer todas las adecuaciones se haga un nombramiento de un fiscal general de transición –que esté de diciembre a octubre de 2021– mediante el proceso actual en el que el Ejecutivo envía una terna a los senadores y ellos eligen.

"(Este proceso) es la expresión más acaba de cómo los ciudadanos podemos participar en la democracia", señaló De Hoyos, desde el Hemiciclo a Juárez, en la Ciudad de México, donde él mismo empezó con la recolección de firmas que serán registradas con la aplicación móvil que el INE desarrolló para la búsqueda de apoyos para los candidatos independientes.

Agregó que esta será la primera iniciativa ciudadana que modifique la Constitución y utilice una herramienta digital, por lo que están sentando un precedente en la manera en la que participa la sociedad civil en la democracia, pues estaría cambiando una de las instituciones más importantes de México, como es la FGR, a una dependencia autónoma, eficaz e independiente, además de hacerlo de manera innovadora.

¿Cuáles son las preocupaciones de la Coparmex?

Si bien el artículo 102 ya había sido reformado el pasado 10 de febrero de 2014, para transformar la actual Procuraduría General de la República en un organismo público autónomo denominado Fiscalía General de la República, una de las principales preocupaciones de la Coparmex es el procedimiento de designación del fiscal general, en el que demanda que haya participación de la sociedad.

El dictamen ciudadano que el organismo y los colectivos #VamosPorMás y #FiscalíaQueSirva presentaron al Congreso en 2017 plantea que la conformación de la primera lista de candidatos a fiscal sea a través de exámenes de mérito y que se analice su carácter apartidista, para que a partir de ese listado los legisladores hagan el nombramiento.

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La Coparmex señala que a esa reforma del 2014 le faltan varios elementos, como requisitos de elegibilidad del Fiscal General, el procedimiento de ingreso y remoción, que el presidente conserva poderes para el nombramiento y la separación arbitraría del que sea fiscal general; además de que el fiscal general podría durar hasta de nueve años en el cargo, cuando en otros países el tiempo promedio de duración en el cargo es de cuatro años.