Los exgobernadores acusados de corrupción: historias de cuentas aún pendientes
CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico).- Una de las características que han distinguido a este sexenio ha sido el número de procesos penales abiertos en contra de exgobernadores, principalmente por presuntos actos de corrupción.
De los exmandatarios en la mira, algunos ya están detenidos y esperan la resolución de sus respectivos expedientes, otros tienen extradiciones en marcha y al menos uno sigue prófugo de la justicia.
Aquí presentamos un resumen de todos estos casos.
Javier Duarte (PRI)
El exgobernador de Veracruz (2010-2016) fue detenido el 15 de abril de 2017 en Guatemala. Tres meses después fue extraditado a México. Actualmente se encuentra en el Reclusorio Norte, en la Ciudad de México. El pasado 26 de septiembre se declaró culpable de los delitos de asociación delictuosa y de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Duarte recibió una condena de nueve años de prisión, se le impuso una multa de 58,890 pesos —equivalentes a 990 días— y se le decomisaron 41 propiedades, entre ellas 21 parcelas de Campeche y departamentos en Santa Fe, Ciudad de México; Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero; y Boca del Río, en Veracruz, así como un rancho en Valle de Bravo, Estado de México.
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A Duarte se le acusa de haber participado en la creación de empresas fantasma para beneficiarse con recursos públicos, en la que habrían participado funcionarios de su gobierno y su esposa, Karime Macías, quien vive en Inglaterra.
En su contra también se presentó una solicitud ante la Corte Penal Internacional de La Haya para que se le juzgue por delitos de lesa humanidad, cometidos al presuntamente distribuir medicamentos apócrifos contra el VIH a pacientes adultos y niños.
Roberto Borge (PRI)
El exgobernador de Quintana Roo (2010-2016) enfrenta cargos de aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y peculado. Fue capturado en Panamá en junio de 2017 y, en enero, lo trasladaron al Centro Federal de Readaptación Psicolosocial, en Morelos.
El pasado 29 de octubre, un juez de distrito dejó sin efecto el auto vinculación a proceso que se le dictó el pasado 5 de enero y ordenó que se le dicte uno nuevo, en el que el juez funde y motive de manera correcta y suficiente la participación del exgobernador en los delitos que se le atribuyen.
El juzgado pidió que se corrija la clasificación del delito y que se presenten debidamente las pruebas de que Borge fue coautor de los ilícitos de los que se le acusa.
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Se calcula que un quebranto al erario de Quintana Roo superior a los 3,000 millones de pesos, provocado por acciones como la venta de terrenos de propiedad estatal al 6% de su valor comercial y la enajenación de bienes públicos para beneficio personal. El exmandatario está envuelto en el caso conocido como "Los Piratas de Borge" , que descubrió un esquema para despojar a particulares de sus propiedades para beneficiar a personajes cercanos del exmandatario.
Guillermo Padrés (PAN)
Fue gobernador de Sonora (2009-2015). Se entregó a las autoridades en noviembre de 2016 y desde entonces está detenido en el Reclusorio Oriente, en la Ciudad de México. Es acusado de los delitos federales de lavado de dinero y defraudación fiscal.
En junio pasado, un tribunal colegiado le concedió un amparo contra el auto de formal prisión que se le dictó en el caso de lavado, pero continuará en prisión para enfrentar los cargos de defraudación fiscal.
La Comisión Anticorrupción del PAN cerró la investigación en su contra, luego de que Padrés no renovara su militancia por estar preso. El partido señaló que por lo tanto ya no es militante y no puede continuar con la indagación.
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Rodrigo Medina (PRI)
El exgobernador de Nuevo León (2009-2015) enfrenta en libertad acusaciones de ejercicio indebido de funciones, por el otorgamiento presuntamente irregular de más de 3,000 millones de pesos en incentivos y conceder exenciones de impuestos que excedieron los montos establecidos por la ley a la armadora Kia Motors.
Medina fue internado en el penal de Topo Chico el 26 de enero de 2017, pero 19 horas después el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en Nuevo León dejó sin efecto la prisión preventiva por faltas al debido proceso.
El 8 de febrero pasado, el juez de controlen el estado, Jaime Garza Castañeda, volvió a confirmar el auto de vinculación a proceso contra el exgobernador por el mismo delito, mientras que en marzo se le exoneró del de ejercicio indebido de funciones.
En agosto de 2018, un juez de control dictó auto de no vinculación a proceso por los delitos de peculado y contra el patrimonio —por los incentivos otorgados a KIA Motors—, pues consideró la actual administración estatal no aportó pruebas suficientes para sustentar sus acusaciones contra Medina de la Cruz.
El gobierno de Nuevo León informó que la Fiscalía Anticorrupción puede impugnar la decisión a través de un recurso de apelación. Mientras, sigue pendiente una acusación de peculado por el uso de un helicóptero del gobierno para fines personales.
Eugenio Hernández (PRI)
Exgobernador de Tamaulipas (2005-2010). Fue detenido en Ciudad Victoria en octubre de 2017. En mayo pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que el gobierno de México concedió a Estados Unidos la extradición de Hernández para que sea procesado ante la Corte Federal del Distrito Sur de Texas por el delito de asociación delictuosa para cometer lavado de dinero.
La investigación contra Hernández en México estaba relacionada con la compra ilegal de terrenos por 1,600 hectáreas en el Puerto Industrial de Altamira, cuyo valor se estimó en 1,584 millones de pesos.
El pasado 25 de octubre, Hernández obtuvo un amparo que lo protegió de las acusaciones de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, a Fiscalía anticorrupción de Tamaulipas presentó otros cargos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, mientras continúa su proceso de extradición para enfrentar en EU la acusación de asociación delictuosa.
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Tomás Yarrington (PRI)
Gobernó Tamaulipas (1999-2005). Fue detenido en abril de 2017 en Florencia, Italia, tras cuatro años prófugo. Se declaró no culpable de participar en una confabulación del crimen organizado, cargo que incluyó contrabando de drogas, lavado de dinero y recepción de sobornos, entre otros.
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Es acusado de crimen organizado y lavado de dinero, así como señalado de nexos con grupos del narcotráfico que operaban en Tamaulipas y enviaban droga a Estados Unidos. Tanto México como EU habían solicitado su extradición y, en abril pasado, fue trasladado al vecino país del norte, donde aún enfrenta acusaciones.
En México, un juez le concedió un amparo con el que dejó sin efecto la orden de aprehensión en su contra por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y pidió que se gire otra orden aclarando si se trata de un delito continuado o si ya prescribió. La PGR afirma que lavó 13 millones de pesos, utilizados para la compra de tres inmuebles.
César Duarte (PRI)
El exgobernador de Chihuahua (2010-2016) obtuvo un amparo que dejó sin efecto la orden de aprehensión en su contra por el delito de peculado por 275 millones de pesos, pero hay otras 11 órdenes de aprehensión vigentes .
Una de las acusaciones es federal y por delitos electorales, derivada de una denuncia hecha por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).
Las otras 10 son órdenes de aprehensión por peculado, solicitadas dentro de las investigaciones del actual gobernador, Javier Corral, quien ha dicho que presentará más carpetas y pedirá al próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, que solicite la extradición de Duarte Jáquez. El mandatario electo se comprometió con Corral a hacerlo cuando llegue al poder.
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Derivado de las acusaciones locales, la PGR presentó por lo menos ocho solicitudes de extradición en EU —donde supuestamente está Duarte—, aunque señaló que no ejercerá acción penal en su contra porque no encontró elementos constitutivos de delito por lavado de dinero, defraudación fiscal y delito financiero.
