En carta abierta, piden a EPN no promulgar ley de publicidad oficial
Este 3 de mayo, Día Internacional de la Libertad de Prensa, comunicadores, medios de comunicación y organizaciones civiles agrupados en el colectivo #MediosLibres dirigieron una carta abierta al presidente Enrique Peña Nieto para pedirle que no promulgue la Ley General de Comunicación Social.
"En este día, quienes suscribimos esta carta le solicitamos una señal a favor de la libertad de expresión: no dañar más a nuestros medios de comunicación al aprobar una ley que fomenta y legaliza malas prácticas y no cumple con los estándares mínimos necesarios para cambiar el uso inapropiado de la publicidad oficial en México como herramienta para ejercer la censura sutil", suscribe el documento.
La norma, que busca regular la publicidad oficial en los medios de comunicación, fue avalada por el Congreso de la Unión el pasado miércoles 25 de abril.
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#MediosLibres pide al presidente de México escuchar a quienes han alertado sobre el daño que esta ley puede hacer a la libertad de expresión y tomar en cuenta cinco propuestas para integrar en ella:
- La ley debe prever criterios claros y objetivos para la asignación de la publicidad oficial para terminar con la arbitrariedad y discreción en su distribución.
- La ley debe establecer controles presupuestarios, limitar y prohibir los sobre ejercicios y establecer un tope de gasto en este rubro.
- La ley debe prohibir la promoción personalizada en el marco de los informes anuales.
- Se debe desaparecer la existencia de los mensajes extraordinarios que solo abonan a la discrecionalidad del manejo de la publicidad oficial.
- Crear mecanismos externos de control para la evaluación y fiscalización de la publicidad oficial.
Con esto, el colectivo apela a que el presidente -como lo prevé el artículo 72, fracción A de la Constitución mexicana- no promulgue esta ley y haga las observaciones necesarias a esta norma para que regrese a su Cámara de origen.
¿Qué contempla la Ley General de Comunicación Social?
En esta nueva ley se establece que la Secretaría de Gobernación (Segob) se encargará de dar asistencia técnica y evaluar las estrategias, los programas y las campañas de comunicación social de las dependencias gubernamentales. También evaluará los programas anuales en la materia y conformará un padrón nacional de medios.
Además, en los primeros 10 días de cada mes, las instituciones deberán registrar ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) cómo, cuánto y con quién gastaron en comunicación social, en tanto que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fiscalizará los recursos públicos federales destinados a este rubro.
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Entre las críticas que los activistas y comunicadores hacen al documento están que no fija un tope de gastos en propaganda gubernamental, que no especifica cómo se sancionará a quienes incumplan sus reglas y que concentra las facultades en la Segob. Por estas deficiencias, quienes se oponen a esta nueva ley la bautizaron como " ley chayote ".
