El Senado aprueba la ley de publicidad oficial y la manda a promulgar
El Senado aprobó la madrugada de este jueves la nueva Ley General de Comunicación Social, una norma que busca regular la publicidad oficial en los medios de comunicación. Al haber quedado avalada en ambas cámaras del Congreso, la legislación fue enviada al presidente Enrique Peña Nieto para que la promulgue.
La ley fue aprobada en lo general por 60 votos a favor, 46 en contra y una abstención. En lo particular, la votación quedó 57 a favor y 40 en contra.
El documento —derivado principalmente de la iniciativa del PRI— estipula que la Secretaría de Gobernación (Segob) se encargará de dar asistencia técnica y evaluación a las estrategias, los programas y las campañas de comunicación social de las dependencias gubernamentales, así como de evaluar los programas anuales en la materia y de conformar un padrón nacional de medios.
La norma también establece que, en los primeros 10 días de cada mes, las instituciones deberán registrar ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) cómo, cuánto y con quién gastaron en comunicación social, en tanto que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fiscalizará los recursos públicos federales destinados a este rubro.
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Sin embargo, los críticos de la legislación —entre los que hay diputados y senadores de oposición, organizaciones civiles y académicos— advierten que el documento no fija un tope de gastos para este fin, no especifica qué sanciones tendrán quienes no cumplan con sus reglas y concentra las facultades en la Segob. Por estos motivos, sus detractores incluso la bautizaron como "ley chayote".
La noche del miércoles, antes de que el asunto se discutiera en el pleno de la Cámara alta, la senadora Martha Tagle planteó posponer el tema para analizarlo mejor y hacer cambios de fondo a la ley, pero su propuesta fue rechazada.
Las posiciones en el pleno
Ya durante la discusión, los partidos de la coalición Por México al Frente (PAN-PRD-MC) y senadores del bloque Morena-PT rechazaron el documento, pues señalaron que no acata la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de regular la propaganda gubernamental.
“La redactaron bajo las rodillas. Es absurdo que la Cámara de Diputados apruebe un capítulo de sanciones que ni tiene sanciones. Es un esperpento en muchísimos de sus temas. Pongámosle un tope que pueda gastar el gobierno federal”, dijo el senador panista Héctor Larios.
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Alejandro Encinas, de izquierda, consideró que con el dictamen se busca legalizar un modelo de comunicación caracterizado —dijo— por el derroche de recursos públicos para mantener el control de los medios de comunicación y legitimar la imagen de un presidente.
El senador también comentó que, hasta el momento, el actual gobierno federal ha gastado 40,000 millones de pesos en propaganda gubernamental, de los cuales 28,000 millones fueron sobrejercicio, es decir, más de lo que se le aprobaron erogar a la administración para este fin.
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La senadora del PRD Angélica de la Peña también reclamó que sea la Segob la encargada de mantener el control de la publicidad gubernamental y de conformar el padrón de medios.
“Es volver a esas épocas en las que la Segob presionaba a los medios; incluso, les daba golpes de Estado. Preocupa que no sea un órgano técnico, dotado de autonomía, quien realice un monitoreo exhaustivo de la asignación de propaganda oficial”, dijo.
En contraste, senadores como Jorge Aréchiga y Gerardo Flores, del PVEM —aliado tradicional del PRI—, desestimaron estas críticas y argumentaron que, con esta ley, las cámaras del Congreso cumplen con la orden de la Corte de legislar en la materia a más tardar el 30 de abril de este año.
Ante esta aprobación, la Ley General de Comunicación Social fue enviada al gobierno federal para que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Una vez hecho esto, entrará en vigor el 1 de enero de 2019, es decir, ya con la administración que resulte electa en los comicios del próximo domingo 1 de julio.
