El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó medidas cautelares para evitar que la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, de Morena, sea sujeta a un eventual proceso de revocación de mandato e impedir que se auditen localmente recursos federales.
La medida fue aprobada en junio por la anterior conformación de la Corte y al ser confirmada se mantendrá vigente hasta que se resuelvan de fondo dos controversias constitucionales.
Ese fallo de la Corte mantiene el freno a cualquier acción que se derive de la controversia constitucional 175/2025, caso en el que la Auditoría Superior del Estado (ASE) observó la falta de comprobación de 898 millones de pesos del gobierno municipal.
En este caso, el gobierno de López argumentó que los recursos federales sólo pueden ser auditados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con lo que busca que no continúen las revisiones.
También deberá resolverse la controversia 176/2025, relacionada con la posible revocación de mandato de la funcionaria, mismo que promueve el excandidato a alcalde Ricardo Solorio, militante de un partido local.
Hasta que no se resuelvan ambas controversias, pendientes en la SCJN, la alcaldesa no podrá enfrentar ni revocación, ni responsabilidades por posibles irregularidades en el manejo de recursos federales.
El mandato de la alcaldesa, quien milita en Morena, termina el 30 de septiembre de 2027.
La decisión del pleno de la SCJN se dio por unanimidad de votos de los ministros al declarar infundados cuatro recursos de reclamación.
De ellos tres fueron promovidos por el Congreso de Guerrero y uno por la ASF; todos ellos buscaron que no fueran admitidas las controversias tramitadas por el gobierno de López Hernández, y que tampoco se validaran las medidas de suspensión que la mantienen blindada ante auditorías y revocación.
Para la toma de la decisión que ratificó las medidas cautelares, de acuerdo al proyecto relativo a la revocación de mandato, se valoró que hay acciones tendientes a concretar el inicio de ese procedimiento.
“Se estima satisfecha la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora debido a que existen actos de ejecución respecto de responsabilidades específicas, que derivan de la solicitud de información respecto de recursos federales como lo son las aportaciones federales (FISMDF), donde únicamente la Auditoría Superior de la Federación puede llevar a cabo el procedimiento conducente de fiscalización", de acuerdo al proyecto que fue avalado.
