Tras una publicación que revela una presunta triangulación de más de 200 millones de pesos a un despacho jurídico del que es socio el gobernador de Nuevo León, Samuel García, por parte de una empresa vinculada con un proveedor estatal, éste aceptó en conferencia de prensa que el pago sí fue realizado pero fue por un servicio que se realizó en 2017.
“Mi gobierno es incorruptible”, dice Samuel García; acepta pagos de 2017
“Ya no voy a la firma, pero sigo estando de socio…”, respondió el mandatario estatal en conferencia de prensa ante el cuestionamiento sobre la participación de la Firma Jurídica y Fiscal de Abogados, un despacho jurídico creado por Samuel García y su padre, en el presunto desvío de recursos públicos.
¿Qué revela la investigación?
La indagación muestra que Suministros MYR recibió contratos por casi 1,000 millones de pesos para ofrecer diversos servicios al gobierno del mandatario perteneciente al partido político Movimiento Ciudadano.
Ésta, a su vez facturó aproximadamente 237 millones de pesos por el concepto de administración corporativa a Productos Mexicanos JACE, que facturó después 202,9 millones de pesos al despacho jurídico fundado por la familia García en 2014 bajo el concepto de pago de honorarios, aunque sin especificar los servicios prestados, de acuerdo con la investigación.
Los pagos se comenzaron a realizar en octubre de 2021, justo cuando inició su gestión como gobernador de Nuevo León.
Los pagos derivan de un servicio que realizó la firma jurídica a JACE en 2017, aunque el mandatario estatal no ofreció mayores detalles al respecto.
El Seguimiento de los pagos se realizó a través de facturas que presentaron las empresas al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
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Gobernador desmiente triangulación
El gobernador emitió un comunicado en el que detalla varios puntos, entre los que destacan los siguientes:
1.- MyR es proveedora del gobierno desde el 27 de enero de 2016, “es decir, desde la administración anterior”.
2.- Proveedor de Productos Mexicanos Jace, es cliente de la firma jurídica de la que soy socio, desde octubre de 2017, es decir, cuatro años antes de asumir la gubernatura, ni siquiera era Senador en ese entonces.
"El origen de esta nota es un montaje, y luego, una filtración hecha por la Fiscalía del Estado, manejada por la vieja política, que desde enero ha estado investigando a las empresas de mi familia, como una forma de presionar, extorsionar y difamarnos durante este proceso electoral", detalla el texto.