La confrontación entre gobierno y legisladores marca la vida política en Puebla
PUEBLA, Puebla (ADNPolítico).- Los poderes de Puebla están en un impasse debido a las constantes confrontaciones entre el Ejecutivo, en control del PAN, y el Legislativo, que tiene mayoría de Morena.
Tan es así, que la disputa ha llegado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde cada parte espera obtener la razón.
La confrontación entre los morenistas y el grupo conocido como morenovallista —por sus vínculos con el exgobernador Rafael Moreno Valle— inició apenas días después de la pasada elección.
El 31 de julio, diputados locales allegados al exmandatario estatal aprobaron por mayoría una reforma a la Constitución local que ‘blinda’ la toma de protesta de la panista Martha Erika Alonso, al permitirle tomar protesta como gobernadora ante el Tribunal Superior de Justicia, y no necesariamente ante el Congreso, en caso de que se ratifique su triunfo.
Alonso —esposa de Moreno Valle— asumirá el cargo el 14 de diciembre si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decide darle la razón por encima de Morena y de quien fue su candidato, Miguel Barbosa.
En estas fechas, se prevé que el jaloneo entre estos grupos políticos aumente de intensidad, a raíz de que se espera que el TEPJF resuelva esta semana sobre la impugnación morenista.
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Abajo las reformas polémicas de Moreno Valle
La nueva Legislatura local inició trabajos el 15 de septiembre. Desde entonces, hubo muestras de que no sería sencilla la relación entre grupos políticos e, incluso, el gobernador Antonio Gali desairó la invitación para asistir a la toma de protesta de los nuevos diputados.
Más aún, los 22 legisladores locales de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES), quienes son mayoría en un Congreso de 41 asientos, promovieron propuestas para echar abajo las reformas polémicas aprobadas durante el mandato de Moreno Valle (2011-2017).
La primera acción contra el grupo morenovallista sucedió el 17 de septiembre, cuando se abrogó la llamada 'Ley Bala', que permitía el uso de la fuerza en manifestaciones públicas y que en julio de 2014 atrajo la atención internacional luego de que en un operativo policial murió un adolescente de 13 años.
Sin embargo, la reforma para frenar la legislación ha sido vetada por el Ejecutivo en dos ocasiones, con el argumento de que detenerla dejaría un vacío legal y los diputados antes tendrían que establecer otras reglas para la actuación de los policías.
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De un total de ocho reformas que tienen que ver con la administración pasada, únicamente han sido aceptadas dos: el fin a expropiaciones exprés y el regreso de registros civiles a juntas auxiliares.
En contraste, las que están en el aire son:
- Reforma al artículo 16 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, con la que los morenistas buscan destituir al nuevo fiscal, Gilberto Higuera, y tener ellos la facultad de nombrar a uno nuevo.
- Reformas a la Ley de Protección al Ambiente Natural y de Desarrollo Sustentable, con las que se busca retirar el control de las licencias de instalación de espectaculares al estado para que queden en los municipios.
- Reformas que obligan al gobierno del estado a reconocer los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) como deuda pública, así como a transparentar los montos de los proyectos bajo este esquema financiero.
- Reforma a la Ley del Notariado para condicionar la entrega de nuevas notarías y evitar designaciones directas, como ha ocurrido en los últimos años.
- Segunda revisión a 500 cuentas públicas, entre ellas dos de Moreno Valle.
El pleito ante la Suprema Corte
A la par de intentar derogar reformas del grupo morenovallista, el bloque de Morena-PES-PT ha llevado ante la Corte dos acciones de inconstitucionalidad.
La primera se dirige en contra de la reforma que permitiría a los gobernadores electos rendir protesta ante el Tribunal Superior de Justicia y no ante el Congreso local. La segunda tiene que ver con la reforma al artículo 16 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General, con la cual se busca evitar que haya un “fiscal carnal”.
En una rueda de prensa este domingo, el presidente de la Mesa Directiva, José Juan Espinosa Torres, del PT, anunció que el bloque recurrirá a la Corte por tercera ocasión, ante el veto del gobernador Gali a la abrogación de la ‘Ley Bala’ y de las normas sobre Protección al Ambiente Natural.
Del otro lado, apenas el 14 de noviembre, la coalición que encabezan el PAN y el PRI tomó la Mesa Directiva y reventó la sesión, tras acusar votaciones a modo y un intento de “amordazar” a quienes no forman parte de Juntos Haremos Historia.
