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Instituto Electoral y gobernador de Morelos pelean por presupuesto

De los 176 mdp que solicitó para organizar las elecciones, solo ha recibido 40. El gobierno de Ramírez ve gastos excesivos y prestaciones innecesarias.
mar 19 junio 2018 12:49 PM
Gobernador saliente
El gobierno de Graco Ramírez asegura que el Impepac pretende pagar prestaciones y beneficios a personal que, por ser de honorarios, no debería recibirlos. (Foto: Margarito Perez Retana)

El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) aprobó por unanimidad iniciar un juicio electoral contra el gobernador Graco Ramírez, por no entregar al organismo 136 millones de pesos que necesita para organizar la elección 2018.

Durante la sesión en la que el Consejo Estatal Electoral aprobó llevar al mandatario ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la consejera presidenta Ana Isabel León Trueba calificó como irresponsable la negativa del ejecutivo estatal a entregar los recursos que el Impepac solicitó desde 2017 y dijo que el organismo trabaja con mobiliario y equipo prestados por el órgano electoral del Estado de México.

“Eso no puede ser digno para un estado, perdón que lo diga yo así, pero el gobierno del estado debería de entregar a su instituto local los recursos que requiere para sacar el proceso electoral con dignidad y no lo hizo y no lo está haciendo hasta el momento. Me parece una enorme irresponsabilidad que el gobierno del estado no entregue el dinero que este instituto necesita”, criticó.

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León Trueba contó las acciones que el órgano electoral estatal ha implementado para conseguir los recursos necesarios para la organización y ejecución de los comicios.

“Vamos a contratar abogados. No tenemos los escritorios, no tenemos computadoras; yo he hablado con el presidente del Instituto Electoral del Estado de México para solicitar que nos presten computadoras, me han prestado 50 computadoras, ya están aquí. Las necesitamos, claro que las necesitamos, si no, no se las hubiera pedido al presidente del Estado de México, al OPLE del Estado de México”, agregó.

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Recordó que su solicitud de presupuesto de 2018, presentada al ejecutivo estatal en 2017, ascendía 280 millones de pesos, sin embargo el Congreso local solo les aprobó un gasto de 55 millones 360 mil pesos.

“Esto es menos de la quinta parte. Evidentemente es la mitad o menos de la mitad de lo que se aprobó para este instituto en 2012, que fueron poco más de 100 millones de pesos”, contrastó.

La consejera presidenta dijo que, a pesar de la instalación de mesas de trabajo con la participación de diputados, funcionarios del ejecutivo estatal y autoridades electorales estatales y federales, el recurso no se ha liberado.

“Solicitamos en febrero de 2018, a través de un oficio al señor gobernador, una ampliación por 176 millones de pesos. De esos 176 millones de pesos que solicitamos de ampliación, se aprobó primero una ampliación de 23 millones de pesos porque se solicitó al gobernador que nos diera el dinero necesario para poder firmar los contratos con Talleres Gráficos de México; se aprobó esta ampliación para el material electoral, para las boletas y para la documentación.

"Posteriormente se dio una ampliación de manera similar para el Programa de Resultados Preliminares, aprobándose 17 millones de pesos, lo que nos da un total de 40 millones de pesos, cuando se habían pedido 176. Quedaban 136 millones que estábamos nosotros solicitando”, explicó.

Y aunque al final de las negociaciones, el 11 de mayo, se acordó entregar al Impepac 40 millones de pesos como anticipo e incluso –según la funcionaria– la Federación ya entregó recursos extraordinarios para el Impepac, hasta la fecha solo ha recibido 25 millones.

“Sé que hay por parte del Instituto Nacional negociaciones a nivel federal, sin poder comprobarlo, pero creo que ya ha sido aceptado por el Secretario de Hacienda, que se han entregado 100 millones de pesos al gobierno del estado para que se los dé a este instituto y no los han entregado. De verdad a mí me parece muy grave la situación, estamos a 13 días de la jornada electoral y este Instituto no cuenta con el dinero que ha solicitado para llevar a cabo el proceso electoral”, dijo.

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A través de un comunicado, el gobierno del estado confirmó las cantidades de las que habló la consejera presidenta, pero negó que haya incumplido los compromisos tomados en el grupo de trabajo en el que participan las secretarías de Gobierno y Hacienda, el Poder Legislativo y los propios órganos electorales.

“Hasta el momento se han depositado 40 millones de pesos como parte de la primera ampliación para cubrir los costos de la impresión de boletas y documentación electoral (...) Además, 17 millones para la contratación del servicio del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y una más para los gastos de operación, que incluye las remuneraciones del personal dedicado a la organización de las elecciones. Lo anterior se suma al presupuesto anual que en este 2018 fue de 56 millones de pesos”, se lee en el comunicado.

En entrevista con reporteros, el secretario de Hacienda estatal, Jorge Michel Luna –quien también sería llevado a juicio por el Instituto–, dijo que la ampliación presupuestal que exige el Impepac es excesiva e incluye bonos, compensaciones y otras prestaciones a las que los trabajadores eventuales no tienen derecho.

“Aguinaldo, por ejemplo: si van a contratar personal por honorarios, el personal por honorarios tiene un régimen de prestaciones muy diferente a cuando es una plaza base. Es decir, nosotros consideramos que si vas a contratar a un personal eventual no tienes por qué pagarle y, sobre todo en régimen de honorarios, un aguinaldo de tres meses, cuando van a trabajar tres o cuatro meses. Están contemplando pagarle finiquito al personal, cuando ya se sabe que lo van a contratar por tiempo determinado. En fin, encontramos muchos conceptos en donde consideramos que había excesos para el gasto que ellos estaban planteando”, dijo.

Aún así, el secretario aseguró que el ejecutivo estatal está dispuesto a pagar el monto solicitado, si así lo determina el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en un eventual juicio.

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