Con la resolución de impugnaciones a los cómputos de las casillas respecto de la elección presidencial, todo está listo para proceder al análisis de su validez y declaratoria, lo que se prevé que realice el pleno de la Sala Superior en breve.
Con votación dividida se confirmaron la totalidad de los cómputos de 1,958 casillas cuyos resultados habían sido impugnados, en distintos casos, por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) y que se integraron en 240 juicios de inconformidad.
Sin embargo la decisión de desestimar todos los reclamos y considerar que son inoperantes, se tomó por voto dividido de cuatro en favor y dos en contra, en sesión en la que ya estuvo presente la magistrada Claudia Valle Aguilasocho, nombrada para cumplir el quórum de ley.
Los magistrados Janine Otálora y Reyes Rodríguez proponían anular 66 casillas en total y realizar nuevo cómputo, sobre todo por la recepción de votación por personas no autorizadas, irregularidad que se presentó de forma aislada y no afectaría el resultado total de la votación presidencial.
Se trata, dijo Reyes, de “11, 248 votos emitidos por la ciudadanía” que se hubieran invalidado en sólo esas casillas, lo que “ante 140 mil casillas instaladas en todo el país son hechos aislados que no afectan el resultado numérico de la elección”.
Pero su propuesta y la de Otálora, quien planteó anular también casillas y proceder a la recomposición de computo, fueron rechazadas por mayoría de cuatro votos.
Los magistrados Mónica Soto, presidenta, Felipe de la Mata, Felipe Reyes, Claudia Valle, rechazaron esa anulación planteada en algunas casillas pues los impugnantes no presentaron información mínima exigida en ley para proceder al análisis, entre ella el nombre del funcionario supuestamente no validado para recibir votos.
Por ello esos cuatro magistrados no entraron al análisis de las irregularidades señaladas en todos los juicios de inconformidad que les tocó resolver y declararon inoperantes todos los recursos.
Los partidos presentaron número de casilla y cargo del funcionario presuntamente en falta, datos que sí sirven para identificar nombre y datos para proceder al análisis, lo que hicieron Reyes y Otálora, pero el resto de los magistrados expusieron que por jurisprudencia son “inoperantes los argumentos genéricos y sin sustento que expusieran los impugnantes para no trasladar la carga de la prueba” al Tribunal y “evitar el examen oficioso de las irregularidades en casilla”.
Así, esa mayoría desestimó todos los reclamos de los impugnantes y, en conjunto, los seis magistrados consideraron que no estuvo en duda la certeza de la votación presidencial.
Por último, en la sesión también se aprobó por unanimidad declarar la improcedencia de 78 juicios de inconformidad planteada por los partidos. Todos los promovidos por MC fueron desechados pues presentados por una persona no acreditada legalmente para hacerlo y los demás recursos carecían de firma autógrafa o no cumplían requisitos para ser admitidos.
