El incremento del lavado de dinero, las empresas fachadas, la triangulación de recursos, las factureras, así como las campañas en el extranjero son temas de urgente regulación que ya prendieron alertas en el Instituto Nacional Electoral (INE).
La consejera Carla Humphrey llama a tomar cartas en el asunto que dijo, se ha incrementado desde hace más de una década, por lo cual propuso reformar el Reglamento de Fiscalización del INE para que vaya “al fondo y no a la forma”.
“El lavado de dinero sigue en aumento, las empresas fachadas también, las factureras, la triangulación de recursos, las campañas en el extranjero son un tema de urgente regulación”, señala la consejera Humphrey Jordan.
Para el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, el ingreso de dinero ilícito proveniente de la delincuencia organizada, vía triangulación de recursos o empresas fachada, son uno de los mayores riesgos para la democracia mexicana.
“La autoridad no detectó esos recursos. Sí tenemos un problema, porque claro que el sistema electoral mexicano está inundando con recursos de procedencia ilícita. Hoy ese dinero es el cáncer más agresivo a la democracia mexicana”, asegura.
Sobre qué tan grave son los temas de lavado de dinero y triangulación de recursos en campañas electorales, la consejera electoral Claudia Zavala estima que esa situación se tiene que ver con nuevas técnicas de fiscalización y con el acompañamiento de las autoridades del Estado mexicano, incluidas las fiscalías.
En entrevista, consideró que las fiscalías de los estados deben estar atentas a la construcción de los expedientes, desde el punto de vista penal, para que puedan ser más eficaces en la investigación.
La consejera Humphrey Jordan destaca la necesidad de revisar y modificar el reglamento en la materia para hacer este sistema de reglas más preciso y eficaz ante figuras como lavado de dinero, la triangulación de recursos e incluso, las criptomonedas.
“Si bien estamos cumpliendo 10 años como INE, me he cansado de llamar aquí a reformar el Reglamento de Fiscalización, a incluir figuras que no se encuentran: el lavado de dinero en las campañas, la triangulación de recursos, las criptomonedas, los recursos de procedencia ilícita y un largo etcétera… y que creo que no estamos cubriendo adecuadamente”, plantea.
Incluso, señala que si bien le preocupa mucho quién está detrás de la “pinta” de bardas en todo el país, le “preocupa más" el financiamiento ilícito de las campañas, con recursos públicos y con recursos provenientes del crimen organizado.
“Me preocupa más que no tengamos información de las autoridades financieras que están obligadas por ley” a registrar esos movimientos, refiere.
Durante la sesión del Consejo General del 27 de marzo, Humphrey acusó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el SAT y la CNBV de ser las instancias que “frenan” el trabajo de fiscalización del INE y dio cifras:
Tan solo en lo que va del año, se han girado 1,882 requerimientos de información de fiscalización a diversas autoridades para aque ayuden a verificar ingresos, egresos de empresas y personas físicas, así como la aplicación de recursos.
Del total, 1,792 se han pedido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 77 al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y 13 a la Unidad de Inteligencia Finaciera.
La UIF, aseguró Humphrey, mantiene serios rezagos del 2023 pues de las 69 solicitudes que se formularon durante 2023, solo se respondieron nueve y, de los13 requerimientos enviados este año, “no ha habido respuesta a ninguno”.
“Me parece preocupante que sigan subsistiendo demoras que se pueden traducir en la obstaculización de las labores de fiscalización de este Instituto”, anota la consejera.
En el caso de la CNBV, de los 1, 792 requerimientos, 95% se han recibido entre el plazo de uno y dos días. Esto, dijo, da cuenta de la ágil respuesta y alto grado de sensibilización con los procesos de fiscalización, y su incidencia.
En el caso del SAT, de las 77 solicitudes realizadas en lo que va de este año, 18 se han atendido en un periodo entre uno y cinco días, pero 38 están fuera del plazo y 21 se encuentran todavía sin respuesta.
"Como sabemos, los plazos son muy acotados y necesitamos la información dentro de los tiempos previstos por la norma para que esta institución pueda desplegar todas sus labores en materia de fiscalización respecto a la verificación de los ingresos, egresos y su correcta aplicación por parte de los sujetos obligados”, resalta.
Para la consejera electoral, Claudia Zavala Pérez, es necesario revisar toda la normativa en torno a la fiscalización para hacerle las adecuaciones necesarias para poder revisar el origen, uso y destino de los recursos de partidos y candidatos.
–¿Quedó rebasado el reglamento de fiscalización?
–No me gusta hablar de que queda rebasado porque todavía hay muchas técnicas de fiscalización que siempre van a ser aplicables, que son válidas, pero lo que sí necesitamos y también frente a los pocos tiempos que tenemos en la fiscalización de las precampañas y campañas, darle una arreglada para que sea más eficaz el medio de comunicación y nos llegue oportunamente la información.
Coincide con la consejera Humphrey en el sentido de que hay instancias que en vez de faciltar, frenan la fiscalización del INE.
“La Unidad Técnica de Fiscalización, no los consejeros, requiere (de esa información) de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para poder cumplir con su labor”, indica.
Lamenta que las peticiones del INE no reciban respuesta o que sea tardía, lo que los deja con un menor margen de maniobra, dados los “plazos muy cortos” con los que cuenta el Instituto para revisar los informes de ingresos y gastos de los partidos y las candidaturas.
“Eso hace que no seamos tan profundos en la investigación”, reconoce Zavala, quien coincide en la necesidad de revisar y modificar el Reglamento de Fiscalización.
El senador del Grupo Plural Emilio Álvarez Icaza advierte que el financiamiento irregular de las campañas se ha visto en los últimos dos años.
Tras las elecciones intermedias del 2021, explica, la oposición registró más votos que Morena y sus aliados. La coalición PRI, PAN, PRD obtuvo 19.5 millones de votos, MC, un poco más de 3.5, en conjunto, en conjunto fueron alrededor de 23 millones de votos. En tanto que, Morena y sus aliados, los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), obtuvieron en conjunto, 21.2 millones de votos.
Al ver esos números, añade, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió adelantar la campaña y destapó a las “corcholatas” ilegalmente, lo que derivó en el uso de “miles de recursos” con los cuáles se “inundó” al país de propaganda.
Para Álvarez Icaza, de ello fueron muestra los cientos de espectaculares a favor de Claudia Sheinbaum, que buscaba la postulación de su partido como precandidata y, posteriormente, candidata presidencial, al igual que el resto de los aspirantes.
Lo mismo, dice, sucedió en la Ciudad de México, con espectaculares y pinta de bardas en apoyo a Clara Brugada y Omar García Harfuch, para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
El legislador del Grupo Plural refiere que para hacer realidad esas campañas se requieren recursos, pero al no estar en los tiempos oficiales no se usa dinero ya etiquetado, sino que se se podría caer en recurre a otras fuentes de financiamiento ilícito.
Por ello, llama a fortalecer el sistema de fiscalización para evitar el ingreso de recursos de procedencia ilícita, la triangulación, u otras acciones que dañan la democracia del país.
El objetivo de la fiscalización que realiza el INE es revisar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciben los partidos políticos, candidatos y candidatos independientes por cualquier tipo de financiamiento.
Una vez que los precandidatos y candidatos entregaron sus respectivos informes al Sistema Integral de Fiscalización (SIF), le corresponde a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE realizar los “cruces” de información y elaborar un oficio de errores y omisiones, el cual remitirá a los partidos políticos para que lo revisen y, en su caso, envíen la documentación que se les haya solicitado.
De acuerdo al INE, la Unidad Técnica es la encargada de realizar los dictámenes en la materia a partir de la revisión de los ingresos y gastos reportados por los candidatos, además hace la tarea de monitoreo y auditoria para detectar operaciones y gasto no reportado.
Los dictámenes y resoluciones contienen el resultado y las conclusiones de la revisión de los informes, las irregularidades encontradas, así como las sanciones propuestas.
Ayer fue el plazo límite para la entrega de informes de fiscalización de candidaturas federales. El INE ya examinó minuciosamente los ingresos y gastos de los partidos durante precampañas, y determinó sanciones a los partidos. Conoce los montos acá: pic.twitter.com/g9JHsGOgYh
— Laboratorio Electoral (@Eleccionesymas) April 3, 2024
Posteriormente, la Comisión de Fiscalización discute, modifica y aprueba los dictámenes y resoluciones.
Compete al Consejo General del INE discutir, aprobar o modificar los dictámenes y resoluciones, los cuales pueden ser impugnados por los partidos políticos o candidatos ante el Tribunal Electoral.
Y serán los órganos jurisdiccionales federal o locales, los encargados de validar los dictámenes y resoluciones.
A partir del cruce de información, la Unidad ve si fueron atendidas o no las observaciones que hizo a los partidos y elabora un dictamen en el que dice “esto sí quedó solventado, esto no quedó solventado”, para posteriormente presentar una resolución al Consejo General que en su caso, definirá, si procede o no alguna sanción.
