El Instituto Nacional Electoral (INE) multó al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con 23.5 millones de pesos, debido a que no pudo comprobar el destino de 11.7 millones de pesos que por ley debe destinar para el desarrollo del liderazgo político de las mujeres.
Además, dio vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FISEL) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para que determinen lo que corresponda a derecho.
Lo anterior, debido a que el partido político simuló haber contratado los servicios de las empresas Innova Calidad, Universidad de Ciencias de la Calidad, y Comercializadora Marketing Mobile Puebla.
“…se impone al Partido Verde Ecologista de México una reducción del 25% de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $23,596,800.00 (veintitrés millones quinientos noventa y seis mil ochocientos pesos 00/100 M.N.)”, indica el proyecto avalado por el Consejo General del INE.
Y es que de las investigaciones iniciadas en 2019, la Unidad de Fiscalización del INE concluyó que el Verde incurrió en una conducta dolosa, al omitir reportar con veracidad el destino de las prerrogativas que por ley le corresponden, a sabiendas que la misma era ilegal, con la intención de aparentar una situación que no es real.
Según las indagaciones, el objetivo era engañar a la autoridad con el propósito de lograr un beneficio.
Ejemplo de ello es que de 1,300 licencias otorgadas para un curso en línea, solo 51 personas iniciaron y concluyeron el programa, en tanto que no se pudo comprobar el pago a la Universidad en Ciencias de la Calidad (UNICICAL) por un montón de 5.5 millones de pesos por dos cursos de equidad de género y marketing político.
La sede donde se habrían impartido ambos cursos remiten a un departamento del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México.
"Resulta inverosímil que un proveedor que afirma ser una Universidad como lo hace la UNICICAL, que reporta facturación promedio de 7,000,000.00 mensuales, tenga como principal asiento para sus actividades, un domicilio que el Instituto Nacional de la Vivienda otorga principalmente a la ciudadanía que cuenta con bajos recursos económicos", detalla la investigación.
El INE recordó que su tarea es la de vigilar que todas las erogaciones se encuentren debidamente vinculadas con la actividad correspondiente, así como verificar que las evidencias proporcionadas comprueben su realización, con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía y racionalidad.
