#SeBuscaCandidat@: Sin bienes o con herencias, lo que declaran los aspirantes

Algunos de los aspirantes con más probabilidades de ganar la candidatura presidencial de Morena o del Frente Amplio por México (FAM) declaran no tener casas propias, autos ni cuentas bancarias; o aseguran que no han comprado los bienes que tienen sino que los han heredado.

Para la experta del IMCO Fernanda Avendaño, las declaraciones son un mecanismo de transparencia y sirven para detectar algún acto de corrupción, por lo que subraya que esta exigencia es importante porque las declaraciones permiten identificar la evolución del patrimonio de cualquier persona servidora pública. También sus contactos e intereses y seguir a dónde se van una vez que concluyen su cargo, a qué empresa, organización o institución académica.

“Permite mapear si hay algún riesgo, algún conflicto de intereses o irregularidad, ya sea al inicio del cargo, a la mitad o en el transcurso”, apunta Avendaño.

Y si bien la evolución del patrimonio de los servidores públicos puede levantar sospecha, también el hecho de que, pese a sus extensas trayectorias profesionales, no reporten ningún bien en su patrimonio.

“Es una alerta enorme que las aspirantes digan que tienen experiencia como servidor público y no hayan podido hacerse un patrimonio propio. Es increíble, o sea, de no creerse”, asegura María de los Ángeles Estrada, directora de la Iniciativa de Transparencia, Anticorrupción y Digitalización de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey.

Sin bienes o herencias

En México, alrededor de cuatro de cada 10 mujeres trabajan y entre ellas se encuentran la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y las senadoras Beatriz Paredes y Xóchitl Gálvez, quienes aspiran a gobernar el país en 2024. Pese a que sus ingresos por su último cargo público superan el millón de pesos al año, aseguran que no tienen casas, departamentos o algún bien inmueble. En sus declaraciones patrimoniales aparece la leyenda “ninguno”.

De las tres, sólo la priista que ha ocupado cargos públicos y en la política desde 1984, entre los que destacan ser gobernadora de Tlaxcala y embajadora de México en Cuba y Brasil, así como diputada federal, senadora y líder partidista, sólo registra un vehículo Volkswagen Terramont, del que no existe monto, pues sólo dice que es “permuta”.

La senadora panista Gálvez vendió el departamento que tenía, debido a que tres años antes, cuando fue electa como delegada en Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, ofreció que si no cumplía el periodo para el que fue electa, vendería su departamento de 6 millones de pesos en Lomas de Chapultepec y donaría el dinero a una buena causa. Tuvo que cumplirlo en el 2018, pues Gálvez dejó el cargo para competir por un escaño en el Senado. “Qué chingadera quedarme sin casa”, dijo en ese entonces. El dinero lo donó a una escuela privada para que se dieran becas a niños y niñas de bajos recursos.

En sus declaraciones públicas, Santiago Creel, diputado del PAN, y el excanciller Marcelo Ebrard, reportan bienes que les fueron heredados o donados. El panista, que es uno de los que más detalles aporta, informa que tiene siete propiedades: dos casas, cuatro locales comerciales y un departamento, de los que no hay monto porque fueron herencia, como tampoco lo hay del vehículo Honda CRV 2015 que usa y que, según su declaración patrimonial, pertenece a la empresa “Suma de Capacidades”, de la que él es socio.

Los aspirantes presidenciales han sido cuestionados por los gastos que hacen en sus recorridos por el país y el origen de ellos, pocos han dado respuestas: “¿Quieres que te diga cuánto me costó un kilómetro de gasolina? ¿Cuánto se desgastó una llanta de mi camioneta?”, expresó Creel al ser cuestionado insistentemente sobre el gasto que ha hecho para sus giras y luego de dar un cálculo de alrededor de 3,000 pesos para ir de la CDMX a Querétaro.

Al ritmo de La carcacha, de Selena, Marcelo Ebrard, el exsecretario de Relaciones Exteriores, presentó un ‘vochito’ que fue tuneado para ser eléctrico. La modernización del vehículo que, originalmente era blanco, estuvo a cargo de la empresa Electric Vehicles & Hybrids (EVH), en Nuevo León. El coche VW modelo 1922 tiene un costo de 197,200 pesos, pero, de acuerdo con su declaración, fue donado. Hace un mes al arrancar su giras por el país, Ebrard lo presumió y dijo que se lo había regalado su esposa Rosalinda Bueso.

Además de su ‘vochito’, el aspirante de Morena declara una casa de 334 metros cuadrados de construcción por un valor de 1,750,000 pesos que también le fue donada en 2017. Además declara joyas, obras de arte y una colección de la que no da detalle de qué es, pero señala que fue heredada.

Santiago Creel es el otro aspirante que reporta siete inmuebles que son producto de donaciones o herencias.

En el caso de las herencias o donaciones, la experta Ángeles Estrada considera que los funcionarios públicos y en este caso los aspirantes, sí deberían dar mayores detalles de dónde viene y de parte de quién llegaron los bienes que hoy tienen a su patrimonio.

“Si de verdad tuvieran ganas de ser transparentes y de verdad tuvieran ganas de que nosotros, como ciudadanos y ciudadanas, nos enteráramos y estuviéramos completamente seguros de la integridad de los aspirantes, tendríamos que poder revisar el origen de esos recursos y cuantificarlos”, señala la especialista en transparencia y anticorrupción.

Por ley, los candidatos a un cargo de elección popular no tienen obligación de publicar su declaración fiscal, patrimonial y de intereses. Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana y uno de los impulsores de la llamada ‘3 de 3’ para que los candidatos hicieran públicas sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal en 2015, considera que este ejercicio brinda más elementos para que las personas ejerzan un voto más informado.

Los objetos declarados

“Lo que yo haga con mi dinero es mi bronca, pues para eso trabajo, no le ando robando a nadie, no le ando pidiendo prestado a nadie”. Esa fue la respuesta que el petista Gerardo Fernández Noroña dio en entrevista al youtuber Escorpión Dorado sobre el vehículo de alta gama en el que se transporta.

El aspirante a liderar Morena, PT y PVEM rumbo a 2024 tiene registrada una camioneta Volvo XC90 con un valor incluso mayor que el de la única casa que reporta tener en su declaración patrimonial con valor de 460,000 pesos. Esos son los bienes que posee el diputado federal que ha estado en el movimiento que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias a sus colaboraciones en medios y su canal en la red social recibe ingresos adicionales a los de su trabajo como legislador.

Por su parte, el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, sí declara la compra de una casa por 8 millones de pesos cuando se desempeñaba como notario público. Luego, ya como gobernador de Tabasco, adquirió un terreno por 1 millón de pesos. A esto se suman dos vehículos por 840,768 pesos en total. Uno de ellos es un Jetta, del mismo modelo que utiliza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aunque sus otros bienes han sido heredados, el panista Santiago Creel ha invertido 41,854,000 pesos en la compra de obras de arte, joyas, caballos, sillas de montar y hasta en armas de fuego. Eso es lo que muestra su declaración de 2021, en la que no abunda en detalles.

Servidores públicos… y accionistas

Xóchitl Gálvez ha reconocido que es dueña de dos empresas contratistas del gobierno, pero en su declaración patrimonial no hace pública esta información ni la de sus cuentas bancarias.

La legisladora tenía 29 años cuando fundó High Tech Services, y seis años después creó una empresa filial: Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes (OMEI). Incluso, López Obrador la ha atacado por ganar contratos millonarios del gobierno con estas dos compañías y ella respondió con una denuncia en contra del mandatario por violar el secreto fiscal. Gálvez ha declarado, además, que “no es pecado ser empresaria” y que los ataques del presidente buscan sacarla de la carrera presidencial. “Lo que el presidente quiere es fulminarme, que me baje de la contienda. La intención del presidente es desgastarme emocionalmente”.

En la cancha morenista, Sheinbaum y Adán Augusto López declaran tener acciones en dos empresas cada uno, pero los beneficios que obtienen de ellas no se ven reflejados. La exjefa de Gobierno tiene una participación de 8% en “Eli Cami y Cia”, y “Sintacrom de México”, sin embargo, indica que no recibe remuneración por ello. En el caso del exsecretario de Gobernación, tiene 2% de participación en “Sociedad Corporación Inmobiliaria Villahermosa” y 53% en “Organización Delit”, ambas en Tabasco, de donde es originario y fue gobernador de 2019 a 2021.

Santiago Creel es socio en 98% de la empresa “Suma de Capacidades”, del 50% de “Creel, García y Asociados”, accionista con 4.15% de “Inmobiliaria Los Bravos” y de 4.15% de “Arrendadora Valle del Bravo”, pero sólo de la primera declara obtener 759,727 pesos mensuales netos.

El desgaste por ser transparentes

En 2015, las declaraciones ‘3 de 3’ estaban en auge y entre los mismos candidatos se retaban a hacer públicos sus bienes, tras una batalla dada por organizaciones de la sociedad civil, pero ahora estos documentos son más un instrumento para el discurso, señala Ángeles Estrada.

En el caso del Frente Amplio, por ejemplo, fue un requisito para registrarse como aspirante, no obstante, mucha de la información que podría estar disponible para que los ciudadanos y ciudadanas analicen y consulten los datos no es pública. “Entre ellos optan por ser opacos y no se exigen ser transparentes”, afirma la experta.

Hace ocho años, la organización Fundar ya identificaba que las declaraciones patrimoniales de la mayoría de los servidores no eran públicas y, desde entonces, advierte que esto obstaculiza el monitoreo de funcionarios, el combate a la corrupción y al enriquecimiento ilícito. La recomendación es que sean obligatorias las versiones públicas que sí permitan identificar los bienes, sin exponer ninguno de los datos personales. E

Pero la falta de transparencia persiste, debido a que los candados a esta información apelan a la protección de la privacidad. “Es necesario que se asuman como los servidores públicos que son, con responsabilidades y obligaciones diferentes a las del resto de la ciudadanía”, apunta la organización Fundar en un análisis.