La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó, por unanimidad de votos, que los partidos políticos no podrán hacer “guardaditos” y que están obligados a devolver los remanentes del financiamiento público y privado de conformidad con las leyes vigentes.
El conflicto se originó a partir de la publicación de una reforma legal en materia electoral, conocida como “Plan B”, que modificó la Ley General de Partidos Políticos, en relación con el manejo de los remanentes.