Ante los senadores, los representantes de las organizaciones destacaron que la aprobación provocará una ola de impugnaciones.
“Desmantelar la estructura del Instituto Nacional Electoral; que se despida al 85 por ciento de trabajadores especialistas en organización electoral; que se reduzcan los instrumentos de fiscalización al dinero de los partidos y las campañas; que se resten atribuciones al arbitraje electoral y que se permita la intromisión de los gobiernos durante las campañas, resultan en un diseño electoral muy distinto al que está plasmado en nuestra Constitución”, han señalado las organizaciones.
El senador morenista Ricardo Monreal señaló que el futuro de los cambios electorales se resolverá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Lo que les dije fue: este es una casa de todos, los recibimos, pero no hay nada que hacer en el Senado, eso también se les dijo, en nosotros ya está agotado el proceso formal, y tendrá que ser la Corte la que decida sobre los temas”, indicó tras la reunión.
Reunión de senadores con el INE
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado se reunió esta tarde con consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) para hablar sobre las reformas electorales impulsadas desde el Gobierno federal.
Ante coordinadores y representantes de los ocho grupos parlamentarios del Senado de la República, así como integrantes de las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, los vocales distritales presentaron distintos elementos técnicos sobre las implicaciones del llamado “Plan B” de la reforma electoral, “que ponen en riesgo la celebración de elecciones ciertas y confiables”.
Entre otros argumentos, los vocales dijeron que “se compromete el padrón electoral, base de toda elección confiable, y que los módulos de atención se irían a oficinas de gobierno, además de que se afecta la integración de mesas directivas de casilla”.
En materia registral, indicaron “que la operación e instalación de los Módulos de Atención Ciudadana en bienes inmuebles de dominio público de los municipios, entidades federativas o de la federación, repercute en la seguridad de los datos personales, el horario de atención a la ciudadanía y la saturación, entre otros”.
Adicionalmente, dijeron, disminuir el porcentaje de personas insaculadas del 13% al 10% implica riesgos en la integración de secciones electorales con menos de 100 ciudadanos en Listado Nominal. “Además de que privilegiar a ciudadanos de mayor edad para integrar las casillas vulnera los derechos de los más jóvenes, cuando más del 50 por ciento de las personas que integran las Mesas Directivas de Casilla son menores de 30 años”.
Señalaron que reducir el plazo que tiene la autoridad electoral para la capacitación, afecta el control de calidad a los procedimientos de reclutamiento y selección de las y los Supervisores Electorales (SE) y los Capacitadores Asistentes Electorales (CAE).
Las observaciones hechas por la estructura del Instituto, derivan del Informe que presentó el Secretario Ejecutivo al Consejo General del INE el pasado 25 de enero.
Para 2024 el INE debe repartir más de 300 millones de boletas electorales, recordó el consejero Ciro Murayama. “Los profesionales que hacen ese trabajo desaparecen con la reforma. Además se pone en riesgo que se recuperen los paquetes electorales una vez concluida la votación”, destacó.
El consejero explicó que la reforma impide que los capacitadores asistentes electorales (CAEs) del INE apoyen a los ciudadanos presidentes de casilla a regresar el paquete electoral.
El consejero también dijo que la reforma quiere que los partidos sustituyan a sus representantes (+de 2M) de casilla un día antes de la votación. “Pero el paquete lo recibió el presidente de casilla 5 días antes de la elección. Así, no se sabe quién sí es representante acreditado y quién no”.
“Entonces si se niega el acceso de un representante acreditado, se anula la votación de toda la casilla. Y si entra alguien no acreditado, también se anula la casilla. Se trata de un cambio innecesario y peligroso. Y vienen los cómputos: se despide a los vocales de organización”, anotó.
Además, señaló que la reforma afecta al padrón, a la instalación de casillas y al conteo de votos. “Toda la cadena de confianza de una elección confiable se ve lastimada por la reforma electoral”.
“Si se suprimen los vocales secretarios del INE no habrá quien sustancie procedimientos de queja entre partidos. Tampoco quien haga todas las notificaciones a partidos, candidatos y ciudadanos. Ni quién levanta las actas de cada acto y decisión del INE para cumplir la ley”, destacó.
El senador morenista Ricardo Monreal informó que fue Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, el que le llamó para solicitarle conversar en el Senado de la República.
Las modificaciones del “Plan B” de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, han generado dudas y reacciones por la reducción de recursos presupuestales que se pretende hacer al Instituto Nacional Electoral (INE).
El fin de semana, en el marco del 106 aniversario de la Constitución de 1917, el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, dijo que el “Plan B” electoral, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, transgrede y contradice la Carta Magna.
El INE acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impugnar las reformas a la Ley de Comunicación Social y a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Más adelante impugnará el resto de las leyes, una vez que el Senado concluya el proceso legislativo.
