INE multará con 500,000 pesos a Que siga la Democracia por firmas falsas

Además, durante la sesión de la Comisión, encabezada por la consejera Adriana Favela, se destacó la importancia de que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue y, en su caso, sancione penalmente esa conducta ilícita.

“Ojalá por el bien de nuestra democracia esa institución (FGR) despliegue las investigaciones y haga lo propio, porque quien altere la voluntad ciudadana en cualquier modalidad tiene que ser reprendido por el Estado mexicano, porque eso se llama delito”, planteó la consejera Claudia Zavala.

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Dijo que la presentación de firmas de personas fallecidas “no corresponde a demócratas”, sino a un sistema donde se abusa de los instrumentos, en este caso, de copias de credenciales de elector, que en algún momento la ciudadanía otorgó para cualquier otro trámite.

El consejero Ciro Murayama precisó que el Registro Federal de Electores (RFE) inició una investigación porque detectó supuestos apoyos de ciudadanos fallecidos con antelación a que empezará el proceso de recolección de firmas.

Sin embargo, Morena impugnó que se recabaran las firmas de apoyo a través de un aplicativo y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le dio la razón y permitió que se recabaran en formatos físicos.

Así, los apoyos recibidos a través del aplicativo fueron 1 millón 382,000 y en formatos físicos, 9 millones 359,000.

“Y en esos formatos físicos no hay el control que permita asegurar que hay una persona detrás de cada apoyo… ahora bastaba con tener la copia de una credencial para simular el apoyo”, señaló.

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Se identificaron 17,766 firmas de personas que ya habían fallecido y, de esas, la asociación civil que Siga la Democracia, representada por la excandidata de Morena Gabriela Jiménez Godoy, presentó 14,557.

“Esto quiere decir que quienes formaron parte de esta asociación tuvieron acceso a fotocopias de credenciales de personas fallecidas y vaciaron los datos contenidos en el padrón electoral para simular el apoyo, es decir, se hizo un uso ilegal de datos registrales, lo cual está contemplado en la legislación como un delito. Falsificaron firmas y lo entregaron al INE”, acotó.