El colectivo advirtió que esto se debe a que el principio de paridad en la postulación de candidaturas y dirigencias partidistas quedará a la discrecionalidad de los partidos políticos, indicaron en un pronunciamiento titulado “Los Derechos políticos y electorales de las mujeres son derechos humanos”.
De acuerdo con el texto, se deja claro que la reforma “ata de manos” a las autoridades electorales al quitarles la competencia para rechazar candidaturas de personas que han cometido violencia política en razón de género, como resultado de sanciones administrativas o judiciales distintas de las penales. Así como otros tipos y modalidades de violencia en contra de las mujeres.
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Además, –añade– negará la posibilidad de cancelar candidaturas a deudores alimentarios o que han ejercido violencia familiar o violencia sexual en contra de las mujeres, contempladas en la 3 de 3 contra la violencia, a pesar de que esa medida ya ha sido declarada constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en diversos asuntos.
La Red de Mujeres en Plural calificó de lamentable que esa norma no considere importantes las medidas introducidas por las autoridades electorales para garantizar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en condiciones de igualdad ni la jurisprudencia emitida por los tribunales electorales para tutelar dichos derechos.