“El INE cuenta con un sistema de fiscalización robusto, pero no le compete, ni puede hacer investigaciones relacionadas con el crimen organizado. Lo que sí le compete es aquello que detecta como gasto no reportado o indicios de empresas fantasma, para lo cual requiere de mecanismos más ágiles para que la autoridad correspondiente ponga en marcha los procedimientos de investigación”, explica Carriedo.
Es decir, que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Fiscalía General de la República (FGR) o la Guardia Nacional (GN) inicien las indagaciones y que cuando se den casos en los que el INE en sus investigaciones administrativas detecte irregularidades, exista una coordinación más ágil para la persecución y sanción.
El también profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) considera que algo que podría ayudar al Instituto es que en que cuando se detectan irregularidades, no se tenga que poner a votación en el Consejo General para pedir apoyo, sino que sea en automático.
"Ello (la vista a las autoridades), debería darse en automático, es decir, dotarla de dientes”, resalta.