Constitucionalistas piden evitar parálisis en el Tribunal Electoral

Los constitucionalistas Jesús Martín Reyes y Joel Reyes Martínez dijeron a Expansión Política que la situación que enfrenta la Sala Superior “no es nueva”, sino que es resultado de una sucesión de hechos registrados en los últimos meses, lo que al final derivó en una ruptura que generó dos bloques.

Ello, luego de que el bloque de magistrados que avaló la remoción de Vargas Valdez lo acusó de incumplir durante su presidencia con diversas obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias, tales como la discrecionalidad e inconsistencia en el turno de asuntos.

Además lo señaló de diferir las sesiones sin razón justificada, incurrir en faltas de respeto hacia sus compañeros al llamarles “manada”, suspender la realización del foro “La Calificación de las Elecciones 2020-2021” y realizar una cobertura incompleta de los boletines de prensa institucionales.

Vargas debe hacerse a un lado

El también politólogo Jesús Martín Reyes estimó que lo más prudente y sensato para que el Tribunal Electoral retome sus trabajos es que el magistrado José Luis Vargas se haga a un lado tal y como lo sugirió el ministro Zaldívar y permita el correcto funcionamiento de la Sala Superior.

Y es que Zaldívar Lelo de Larrea llamó al magistrado Vargas a dar "un paso al lado" y permitir se retome el canal institucional al interior del TEPJF, pues “ya no hay condiciones para que siga en el cargo que dice que sigue ostentando”. Lelo de Larrea, quien informó que no postergará su presidencia, le solicitó una reunión con carácter de “urgente”.

Para Martín Reyes, de prolongarse el conflicto, se podría generar una parálisis que evitaría que el Tribunal Electoral resuelva los litigios relacionados con el proceso electoral federal intermedio y sus resultados.

"Ver a un órgano judicial al límite, así como vimos al Tribunal Electoral (en su sesión) del miércoles 4 de julio, es muy preocupante, porque se trata un órgano judicial donde lo que debe imperar son los buenos argumentos y la institucionalidad, y eso, no lo vimos”, acotó el especialista.

Además, dijo que esa situación se relaciona con la imagen pública del Tribunal Electoral y la legitimidad que tiene frente a la sociedad, a los candidatos y a los partidos políticos.

El también académico del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) observó que una regla constitucional en materia electoral es que las impugnaciones se deben resolver antes de que los candidatos tomen protesta, de lo contrario, el Tribunal Electoral “ya no podrá hacer nada”.

El riesgo que se corre si no hay una solución rápida es que el Tribunal Electoral “podría caer en una situación donde solo 5 magistrados están tomando las decisiones sin que los otros dos se incorporen, destacó.

O, peor aún, “que no se le permita a esa mayoría de 5 ni siquiera resolver esos asuntos”, concluyó Martín Reyes.

El descrédito

“Lo que vimos (en la sesión del Tribunal), fue uno de los puntos culminantes del conflicto en ese órgano. La credibilidad está totalmente desacreditada y no hay forma de repararla con esta integración”, aseguró en su oportunidad, Joel Reyes Martínez.

El maestro en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana destacó que dada la personalidad de Vargas Valdez, “no iba a renunciar a su cargo y por ello los magistrados optaron por su remoción”.

Indicó que, por un lado, su remoción es un hecho que no tiene precedente y por el otro, el resto de los magistrados contaba con atribuciones legales para revocar su presidencia, “porque ellos mismos lo nombraron”.

Así, puso hincapié en que las razones de su destitución son causas de responsabilidad, no un tema simplemente de organización interna como ha trascendido.

Para Reyes Martínez dada la crisis interna del Tribunal, difícilmente Vargas podrá votar en el mismo sentido que el recién designado magistrado presidente Reyes Rodríguez, “aunque su convicción así lo marque, porque sus problemas personales van mucho más allá. Es una barrera infranqueable la que existe entre ellos”.

El constitucionalista Joel Reyes Martínez vislumbró que “cualquiera que sea la situación que se adopte, incluso aunque políticamente medie la Corte, es evidente que ese órgano ya está quebrado, su situación interna ya es irreparable”.

“No veo una forma de que funcione de manera óptima priorizando su verdadera función que es la resolución de los conflictos jurisdiccionales”, puntualizó el especialista en asuntos electorales.