A partir del 15 de julio, el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá en exclusiva, la facultad de difundir en radio y televisión todos los detalles de la consulta popular del 1 de agosto, para enjuiciar a personajes del pasado, por lo que estará prohibida la difusión de toda propaganda gubernamental.
Ello, con excepción de los temas relativos a protección civil, salud y educación, explicó en entrevista con Expansión Política la consejera electoral Dania Ravel Cuevas.
En caso de incumplimiento por parte de alguna autoridad federal o local, de los partidos políticos e incluso del jefe del Ejecutivo Federal, se podrá iniciar una queja de oficio o a petición de parte.
Desde el pasado miércoles 23 de junio, Morena inició la promoción de la consulta en sus redes sociales para determinar si se debe o no investigar y sancionar a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) por decisiones erráticas.
Solo si participa el 40% de la lista nominal -37 millones 411,389 ciudadanos-, el resultado será vinculante para la autoridad, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley Federal de Consulta Popular. En el listado nominal están inscritos 93.5 ciudadanos.
La pregunta avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación es: "¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”.
Reglas de la consulta
“La consulta popular tiene reglas muy específicas. Incluso, como no pueden participar los partidos políticos, no tienen representaciones en las mesas receptoras de opinión como sí las tienen en las casillas que se instalan en una elección. Son de las cuestiones sui generis de este ejercicio”, detalló Ravel Cuevas.
En tal sentido, el instituto es la única autoridad que tiene la potestad de hacer la difusión de este ejercicio en aras de que la gente conozca y acuda a participar.
Y es que la Cámara de Diputados estableció que la convocatoria para la consulta deberá entrar en vigor el 15 de julio, entonces a partir de esa fecha y los tres días antes de que esta se lleve a cabo, el INE podrá hacer la difusión correspondiente.
Además, aplica un “periodo de veda” tres días antes de la consulta, como ocurre en una elección.
“Otra pecularidad es que no se puede hacer en el periodo del 15 de julio hasta el 1 de agosto propaganda gubernamental, salvo las excepciones que establece el artículo 41 constitucional relativo a cuestiones de protección civil, educación y salud”, añadió Ravel.
-¿Andrés Manuel López Obrador tendrá que abstenerse de hablar del tema después del 15 de julio?
Sí, a partir de ese momento empieza formalmente la difusión de la consulta popular por parte del INE y nosotros seremos los únicos que podemos estar invitando a la ciudadanía a participar.
-¿Y, en caso de que incumpla, como en el caso de las elecciones federales intermedias, cuando hubo llamados del INE e incluso el Tribunal Electoral aprobó ciertos criterios, no solo para él sino para todos los funcionarios?
Tendría que operar algo parecido a lo que ocurrió con la Comisión de Quejas y Denuncias en el marco del proceso electoral.
En su caso se puede iniciar procedimiento de oficio o a petición de parte, por cualquier ciudadano podría presentarlo para que hubiera un pronunciamiento por parte de la Comisión de Quejas y Denuncias y, en su caso, haga la valoración para que se puedan dictar medidas cautelares.
La integrante de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral, reconoció que el INE está ante un tema francamente novedoso que contará con los mismos estándares de calidad de un proceso electoral.
Además, dada la negativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) y de la Cámara de Diputados de otorgarle al INE los recursos para la realización de este ejercicio estimado en 522 millones de pesos, el instituto realiza algunos ahorros y licitaciones.
“Estamos haciendo un ejercicio de ver de dónde sacamos los ahorros y también, al final de cuentas cuando se hacen licitaciones luego se tienen ahorros, justamente porque es lo que están buscando. La licitación se hace para buscar el mejor precio posible”, dijo.
También, por ejemplo, “de algunas vacancias que tenemos pero que no hemos ocupado, hemos visto cómo ahorrar en este ejercicio como es que en lugar de poner todas las casillas como en el proceso, poner menos mesas receptoras de opinión tratando de abarcar un par de secciones y el mayor número de personas posibles.
Otras sanciones
Cuestionada sobre la posibilidad de Morena realice acarreos para lograr que la consulta sea vinculante y se alcance al menos el 40%, es decir, 37,411,389 de ciudadanos como establece la Ley en la materia, la consejera expresó que “en esos casos aplican los mismos principios que aplican para un proceso electoral”.
Esto es, añadió, el voto debe ser universal, libre y secreto, por lo que “no debe estar coaccionado”.
“Si eso ocurriera en un ejercicio de consulta popular que será un ejercicio de participación ciudadana, también se podrían iniciar procedimientos ordinarios sancionadores para poder deslindar responsabilidades y, en su caso, también eso podría constituir un delito en materia electoral porque implicaría una coacción del voto”, comentó.
Sobre los resultados de este ejercicio de democracia directa, destacó que si bien la ley establece tres días después de realizada la consulta, lo cierto que se tiene previsto darlos a conocer el lunes 2 de agosto, “eso aún lo estamos platicando”.
“Lo que dice la Ley es que se pueden dar los resultados hasta tres días después de que se lleve a cabo el ejercicio, pero considerando que es una papeleta, que es sencilla contabilizarla, que se va a empezar a contabilizar en nuestras Juntas Distritales conforme vayan llegando los paquetes, entonces esperamos que al día siguiente estaremos dando resultados”.
