Las reformas avaladas hoy son derivadas de los cambios constitucionales de 2024, a propuesta del expresidente Andrés Manuel López Obrador y reformas a la Ley del Infonavit y a la Ley Federal del Trabajo (LFT) promovidas por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Con los cambios a la Ley de Vivienda ambas instituciones Infonavit y Fovissste quedaron autorizadas a emplear los fondos ahorrados por los trabajadores para ampliar la oferta de vivienda y se estableció específicamente que para realizar las funciones encomendadas no se les autorizará presupuesto público adicional al que ya tienen ni en el presente ejercicio fiscal, ni en años subsecuentes.
Para resguardar los ahorros de los trabajadores, la reforma incluyeron dos frases: “las acciones previstas en el presente artículo se realizarán salvaguardando en todo momento el patrimonio de los fondos de vivienda y los derechos de las personas trabajadoras.
"En ningún caso, las acciones podrán comprometer la solvencia y sostenibilidad financiera de los fondos ni los derechos adquiridos para las personas trabajadoras conforme a las leyes aplicables".
Sin embargo, diputados de Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) advirtieron que estarán en riesgo los ahorros de los trabajadores, pues esa disposición no es suficiente, además de que no hay transparencia en el manejo de recursos y la discrecionalidad y opacidad marcan las gestiones de Morena.
Lorena García Alcocer, del PAN, estableció que los ahorros de los trabajadores no son del gobierno por lo que no puede disponer de ellos, planteó que se debió establecer por ejemplo, la obligatoriedad de estudios de impacto financiero, y que de forma tripartita, como lo es el Infonavit, se decida.
“Esta reforma permite construir, comprar, vender, urbanizar, arrendar y todo prácticamente sin reglas claras. ¿Quién decide dónde se construye? ¿Quién decide quién recibe una vivienda? ¿Quién decide qué empresas participan? La respuesta es evidente, el gobierno”, dijo.
Alertó que se podrá construir y dar vivienda a personas que no han ahorrado y están en la informalidad, con altos riesgos de no recuperación de recursos.
Esto porque en la reforma avalada, que en lo particular recibió 354 votos en favor y 95 en contra, se indica en el artículo sexto: “se construirán viviendas para trabajadores o cualquier persona que busque resolver sus necesidades de vivienda”.
Eso, alertó la panista, “abre la puerta a toda toda gente que no tenga un trabajo formal (...) prevemos altos riesgos. Entre ellos, el clientelismo. No nos engañemos. Cuando un gobierno decide quién recibe una casa, dónde se construye y en qué condiciones también está decidiendo algo más a quién beneficia políticamente. Y eso convierte un derecho en un instrumento de control. La vivienda no puede ser premio, favor, ni moneda electoral”.