El diputado José Luis Sánchez González, del Partido del Trabajo (PT), propuso cobrar un impuesto a las grandes fortunas de los mexicanos. El legislador plantea una reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) para aplicar un arancel acorde al tamaño de la riqueza.
Por ejemplo, a las fortunas de 100 a 500 millones de pesos se les aplicaría una tasa de 1.5%. Con ello se recaudarían de 1.5 a 7.5 millones de pesos anuales.
Y las riquezas que oscilan entre los 500 y los 1,000 millones pagarían 2.5% de impuestos, mientras que las superiores a los 1,000 millones tendrían una tasa de 3.5%.
De aprobarse esta iniciativa, se cobraría anualmente a las personas físicas residentes en México o en el extranjero pero con establecimiento permanente en el país.
No es la primera vez que se pretende un impuesto parecido. El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar presentó en años pasados una propuesta para aplicar impuestos desde 2% y hasta 3.5% a los patrimonios con valor desde 20 millones de pesos (mdp) y mayores a 2,000 mdp, que no prosperó.
El diputado petista expone que esta medida afectaría a menos del 0.1% de la población nacional. Porque solo esa pequeña proporción del país acumula enormes riquezas, según cifras del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Asegura que estos aranceles contribuirían a recaudar entre 40,000 y 60,000 millones de pesos anuales.
Para ello se modificarían los artículos 142 y 146 Bis de la Ley del ISR, a fin de establecer que se deberán cobrar impuestos a los ingresos y patrimonios que provengan de la acumulación de riqueza.
Esto incluye a los bienes inmuebles, vehículos, embarcaciones y aeronaves; también las acciones, participaciones en sociedad y cualquier otra entidad financiera. Así como los depósitos bancarios, inversiones, derechos, títulos, valores, obras de arte, joyas y demás bienes.
La propuesta no considera como patrimonio gravable el monto de las deudas y pasivos exigibles.
Sánchez González propone que lo recaudado vaya a un "Fondo de Justicia Social" destinado a acciones para reducir la pobreza, a la atención de grupos vulnerables y al cuidado del medio ambiente.
También a inversiones en educación, desde el nivel inicial hasta el superior, al desarrollo de ciencia y tecnología, y para mejorar el acceso a vivienda digna.
A decir del diputado, la propuesta busca hacer frente a la desigualdad económica, que en México se manifiesta de manera severa.
"Se busca que quienes más tienen aporten solidariamente a la reducción de las brechas sociales, al fortalecimiento de los servicios públicos y a la transición justa hacia una economía sostenible", explica.
Aunque se han implementado medidas para mejorar la recaudación de los millonarios, como prohibir la condonación y el combate a la evasión fiscal, afirma que esto no es suficiente y por eso se requiere un impuesto para quienes concentran la mayor riqueza.
La iniciativa considera, además, sanciones para quienes incumplan, como una “multa equivalente al doble de la contribución no realizada”.
La iniciativa se basa en un problema de desigualdad económica global, que también ha llevado a otros países a imponer medidas similares para hacerle frente.
Incluso, en 2024 se discutió en el G20 la necesidad de introducir en los países un impuesto mínimo global para los multimillonarios.
En España, por ejemplo, ya se aplican impuestos a las fortunas. Este país cobra el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, que grava los patrimonios netos superiores a los 3 millones de euros con tasas progresivas del 1.7% al 3.5%.
Noruega hace lo mismo desde hace décadas, con una tasa de 1% a las fortunas. No obstante, aunque es uno de los países con menor desigualdad, estas medidas han causado el exilio de algunos de sus ciudadanos.
En América, Colombia es el país más avanzado al respecto. El presidente Gustavo Petro incrementó el impuesto al patrimonio de 1.5% a 5%, el más alto del mundo, que es para fortunas de más de 27 millones de dólares.
Argentina echó a andar el Aporte Solidario de las Grandes Fortunas, con 2% de cobro a los patrimonios valuados en 200 millones de pesos o más, para hacer frente a los estragos de la pandemia por Covid-19.
En Chile se aprobó una medida similar en 2021, que propone cobrar un impuesto de 2.5% a las fortunas de 22 millones de dólares en adelante, pero falta el aval definitivo.
Uruguay discute una iniciativa parecida para combatir la pobreza infantil.
Otros países han rechazado el impuesto a los ricos con el argumento de que afectará la inversión y de que son los que más contribuyen. Pero datos fiscales de varios países demuestran que, pese a tener más dinero, los millonarios son los que menos aportan.
En su reciente informe Oligarquía o democracia , Oxfam documenta esta desigualdad económica.
En el caso de México, la fortuna conjunta de sus 22 multimillonarios alcanzó 3.9 billones de pesos, la más alta desde que se tiene registro.
Esa riqueza creció 4.2 veces desde 1996 y equivale al tamaño conjunto de las economías de Jalisco y Guanajuato.
En contraste, desde 1981 la economía nacional ha crecido 2% anual en promedio y 16% el ingreso PIB per cápita.
Oxfam explica que por eso México es uno de los países más desiguales del mundo, donde el 1% más rico de la población —apenas 1.3 millones de personas— percibe 35 % del ingreso total, posee 40% de la riqueza y es responsable del 23% de las emisiones contaminantes.
Pero advierte que esta riqueza no es producto del mérito propio, sino de un sistema económico desigual, que, además, otorga poder político a los más ricos.
“La desigualdad económica socava la actividad económica y limita la reducción de la pobreza; erosiona la democracia y la cohesión social; y debilita la capacidad colectiva para enfrentar la crisis climática”, señala.
La organización propone combatir esta desigualdad con nueve medidas, entre ellas transparentar los impuestos de los grandes contribuyentes y establecer impuestos progresivos sobre la extrema riqueza y las ganancias de capital.
