¿Qué ocurrió en la Comisión Permanente?
La sesión legislativa estaba por concluir cuando Moreno se acercó a Fernández Noroña para reclamarle por no otorgarle la palabra. “Te estoy pidiendo la palabra”, le dijo en tono de reproche. Según el priista, existía un acuerdo de la Mesa Directiva para que cada grupo parlamentario hiciera un posicionamiento final, pero aseguró que ese acuerdo no se respetó.
Tras la negativa, Moreno subió a la tribuna y comenzó un intercambio físico. Imágenes muestran que agredió también a otro colaborador, quien fue arrojado al piso en el intento de llegar hasta el presidente del Senado. Otros legisladores intervinieron para separar a los implicados.
Noroña respondió desde su cuenta de redes sociales, donde acusó a los priistas de actuar de manera coordinada para atacarlo: “Montoneros. Dirán que eso es libertad de expresión”, escribió en un mensaje público.
Después del incidente, Moreno explicó que su intención era exigir el cumplimiento del acuerdo y acusó a Fernández Noroña de haber levantado la sesión de manera “intransigente e intolerante”.
La Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva del Senado informaron que brindarán acompañamiento jurídico a Emiliano González y que se promoverán denuncias por lesiones y daños a la propiedad. También anunciaron que solicitarán el desafuero de los legisladores involucrados para que puedan enfrentar procesos penales sin fuero constitucional.
En este contexto, el procedimiento no se limita a una sanción administrativa interna. Si las denuncias prosperan, los senadores señalados podrían enfrentar un proceso judicial con consecuencias penales y económicas.
¿Qué dice el código de ética del Senado?
El Código de Ética de la Cámara de Senadores establece que su objetivo es fortalecer un servicio público íntegro, definiendo principios y valores que deben guiar la actuación de los legisladores. En el artículo 4, inciso C, se especifica que las personas servidoras públicas deben actuar con disciplina, integridad y respeto hacia otras personas servidoras públicas y hacia la ciudadanía.
Bajo este principio de profesionalismo, los senadores están obligados a cumplir con sus funciones conforme a la Constitución y las leyes, manteniendo un trato respetuoso en todo momento. Sin embargo, el documento no contempla sanciones específicas en caso de incumplimiento.
Esto significa que el Código de Ética funciona como una guía de comportamiento, pero no establece medidas punitivas directas contra quienes participan en agresiones físicas o verbales dentro del recinto legislativo.
Vías legales para sancionar agresiones
Ante la falta de sanciones internas claras, la ruta que se explora es la legal. Fernández Noroña anunció que se presentarán denuncias contra los legisladores del PRI que participaron en el altercado, entre ellos Pablo Angulo, Carlos Gutiérrez Mancilla y Alejandro Moreno. Además, Morena informó que solicitarán protección para Noroña y su colaborador Emiliano González, quien resultó agredido.
La ley mexicana considera el delito de lesiones en el artículo 288 del Código Penal Federal. Este artículo define una lesión como cualquier daño que deje huella material en el cuerpo humano, ya sea una herida, fractura, contusión o alteración en la salud.
El artículo 289 establece que cuando una lesión tarde en sanar menos de 15 días, la sanción puede ser de tres a ocho meses de prisión o de 30 a 50 días multa. Si el daño tarda más tiempo en sanar, la pena se incrementa de cuatro meses a dos años de prisión y hasta 270 días multa.
¿Cómo se calculan las multas?
Las sanciones económicas se determinan por el sistema de días multa, previsto en el artículo 29 del Código Penal Federal. Esta figura consiste en fijar un pago de acuerdo con los ingresos netos diarios del sentenciado al momento del delito.
El monto mínimo equivale al salario mínimo vigente en el lugar donde ocurrió la conducta. Cada jornada de trabajo puede sustituir un día multa si la persona no puede pagar en efectivo. En caso de negarse a cubrir la sanción, el Estado puede exigirla mediante procedimiento económico coactivo.
Este mecanismo permite ajustar la sanción económica a la capacidad de pago de cada individuo, por lo que un legislador con ingresos elevados podría enfrentar multas más altas en caso de que un juez determine su responsabilidad por las agresiones.
