“La geolocalización puede ser útil para combatir delitos, pero no puede usarse sin control judicial. No se puede permitir que se soliciten ubicaciones de ciudadanos sin el aval de un juez”, dijo Anaya al justificar por qué se insistirá en que tenga control judicial.
En el segundo punto dijo que hoy la ley sólo establece como causal de suspensión de emisiones violar derechos de audiencias infantiles y así debe seguir.
De lo contrario, mantener la propuesta original “podría usarse para suspender programas simplemente porque incomodan al gobierno”.
Adelantó que Morena ha expresado que esos cambios son “razonables” por lo que es viable un acuerdo para votar a favor de la Ley en lo general, si se modifican ambos puntos.
Este, dijo, será el resultado de la movilización de la sociedad civil para corregir asuntos “gravísimos”.
En rueda de prensa acompañado por senadores de su bancada Anaya explicó los cambios alcanzados.
“Se eliminó el artículo 109, que facultaba a una sola persona para bloquear cuentas o plataformas digitales como Twitter o YouTube”.
“También se retiró la propuesta de censura previa a noticiarios internacionales como CNN, y se corrigieron artículos que violaban el capítulo 18 del T-MEC”.
Además, dijo, “se eliminó la concentración de facultades regulatorias en una sola persona, que ahora serán asumidas por un órgano colegiado de cinco integrantes”, y ya no será el titular de la Agencia de Transformación Digital José Merino, sino que se aceptó que sea ese nuevo órgano con un titular nombrado por el Senado.
En la conferencia, Anaya dijo que el PAN ya no se opone a que, en la Ley del Sistema Nacional de Información e Inteligencia se cree un padrón de usuarios de telefonía celular, pues eso permitirá combatir la extorsión.
Dado que en la Ley de Guardia Nacional se faculta a ésta (y por tanto a la Secretaría de la Defensa Nacional) el acceso a bases de datos de ese Sistema, Anaya dejó pendiente el voto panista a favor de las leyes que serán discutidas este fin de semana, aunque advirtió que siguen siendo parte del marco jurídico del “gobierno espía”.