México Evalúa ha analizado los tipos de agresiones y amenazas recibidas a los juzgadores, en las cuales las amenazas de lesiones registra un 22%; amenazas de homicidios un 12%; amenazas de causar daño a sus familiares 11%, y extorsión con un 11%, entre otras.
“En ese sentido, la iniciativa pretende garantizar que el ejercicio de las personas juzgadoras se brinde con independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y ética”, se menciona.
La iniciativa también adiciona medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras, que podrá solicitar el Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de la Federación, a efecto de generar certeza a las partes procesales, así como coherencia y sistematicidad.
“El órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de la Federación podrá, a solicitud del ministerio públicos o de la autoridad judicial competente, disponer mediante resolución fundada las medidas necesarias para preservar la seguridad y , de forma excepcional, resguarda la identidad de las personas juzgadoras en la investigación, proceso y ejecución de sanciones penales”, se lee en la reforma.
Sin embargo, esta reforma causó polémica entre los legisladores.
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, comentó que esta figura no afecta los derechos humanos, sino responde a una necesidad.
“Ahora cualquier persona juzgadora que tú la pongas al frente de un proceso de gran envergadura, su vida está en riesgo”, mencionó.