Con 374 votos a favor y 104 en contra, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, que busca modificar el régimen fiscal de Pemex.
Con la reforma, entre otras cosas, se sustituyen tres derechos que hoy paga Pemex, el de Utilidad Compartida, el Derecho de Extracción de Hidrocarburos y el de Explotación de Hidrocarburos, y se sustituyen por un nuevo pago llamado “Derecho Petrolero para el Bienestar”.
Ese derecho se plantea como la nueva modalidad contributiva en el nuevo régimen fiscal de Pemex, con lo cual “se simplifica y reduce la carga fiscal de los proyectos, incrementando su rentabilidad”, según la iniciativa remitida por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso el 4 de febrero pasado.
Tras la aprobación en lo general, la minuta será remitida al Senado y se prevé que sólo prospere una reserva propuesta por el Partido del Trabajo (PT).
Al presentar el dictamen, la diputada Rocío Abreu, presidenta de la Comisión de Energía, resaltó la alta carga fiscal que hoy vive Pemex y que se propone aliviar.
Carol Antonio Altamirano, de Morena, se trata de simplificar el régimen fiscal de Pemex, al pagar un derecho en lugar de tres, lo que generará ahorros administrativos.
Pero la oposición advirtió que con la decisión se dejarán de percibir 50,000 millones de pesos. “Es una iniciativa que deja que el gobierno y los mexicanos absorban el tiradero” que dejó la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador y el exdirector Octavio Romero Oropeza, destacó Héctor Saúl Téllez, de Acción Nacional (PAN).
“Por eso estaban tan preocupados de llevar a cabo el cambio de la naturaleza jurídica de Pemex para convertirla de empresa productiva del Estado a una empresa pública, por supuesto, para que los mexicanos hoy tengan que absorber todo el tiradero que dejó Romero Oropeza con un déficit de 1.2 billones de pesos, que hoy absorbe el gobierno mexicano y que tendrán que pagar todos los mexicanos”, advirtió.
El origen de este dictamen “tiene que ver con el hoyo negro que dejó el delincuente de Octavio Romero'', sostuvo Federico Döring.
Evidenció que la semana pasada, al dictaminar la iniciativa, la Secretaría de Hacienda (SHCP) se rehusó a discutir públicamente y con datos la propuesta, ya que la reforma avalada no es acorde con las proyecciones de ingresos previstas en el Paquete Económico 2025.
Eso “es lo que le queríamos preguntar a Hacienda y nunca se resolvió: es si la elasticidad del derecho se garantizaba que no tuviera impacto presupuestal, ¿cuáles sean las variables con el precio de la mezcla mexicana, el tipo de cambio del dólar, la plataforma de producción?”, dijo, pero esas preguntas no pudieron realizarse.
Por el Revolucionario Institucional, el diputado Jericó Abrahamo Masso alertó además: “con este Derecho de Bienestar se le van a reducir los ingresos a los estados, porque la carga impositiva que tenía Pemex servía para repartirlo a la federación, a los fondos de contingencia y a estados y municipios. Hoy con esta reducción se les va a dejar con menos presupuesto de reparto, puesto que habrá menos renta petrolera”.
Patricia Flores, de Movimiento Ciudadano, coincidió en la alerta: hay, dijo, “el riesgo de una disminución de los ingresos para el gobierno federal. Este aligeramiento de la carga fiscal puede traducirse en una reducción significativa de los recursos fiscales disponibles para financiar programas sociales y de infraestructura prioritaria”.
