El proceso de desafuero de Cuauhtémoc Blanco llevará meses, ya que para ello se sigue todo una serie de pasos que deben realizar los diputados.
Después que un Ministerio Público de Cuernavaca presentó una petición para retirarle el fuero constitucional al exgobernador, debido a una acusación que hay en su contra por presunta agresión sexual a su media hermana, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados debe determinar si acepta o no la solicitud.
“El viernes nos fue presentada por la secretaria general el documento y el documento ratifica esta petición; es decir, presentan solicitud y en el mismo acto ratificaron la petición de proceder con este juicio. Nosotros tenemos que revisar todos los requisitos. Esto lo vamos a hacer el día de mañana (12 de febrero) para revisar si se admite o no se admite”, explicó el presidente de la Sección Instructora, Hugo Eric Flores, en una entrevista radiofónica.
En caso de que la Sección Instructora acepte la solicitud por parte de las autoridades de Morelos, esta comisión –integrada por cuatro diputados de diferentes partidos políticos- tendrá un plazo de 60 días hábiles para rendir un informe sobre el caso. Si al concluir el plazo señalado, no hubiese sido posible rendir su dictamen, podrá ampliarlo.
Al concluida esta averiguación, la Sección dictaminará si da lugar a proceder penalmente en contra de Cuauhtémoc Blanco. Si a juicio de ésta, la imputación fuese notoriamente improcedente, lo hará saber de inmediato a la Cámara para que resuelva si se continúa o desecha el caso.
Si la Sección Instructora declara procedente el desafuero del exjugador y exgobernador, el presidente de la Cámara de Diputados anunciará que debe erigir en Jurado de Procedencia al día siguiente a la fecha en que se hubiese depositado el dictamen para retirar este protección constitucional. En este acto participarán no solo los diputados, sino el inculpado, su defensor, el denunciante, al querellante o al Ministerio Público.
El recinto legislativo actúa como órgano acusador y es quien emite la declaración de procedencia, que es el retiro del fuero; sin embargo, no juzga, solo quita esta protección constitucional para que posteriormente el servidor público pueda ser juzgado por las autoridades judiciales.
Si la Cámara de Diputados declara que da lugar a proceder contra Cuauhtémoc Blanco, éste quedará separado de su cargo como diputado federal y podrá ser sujeto a la jurisdicción del Ministerio Público.
Entre los casos pendientes que arrastran de años anteriores, la Sección Instructora tiene las solicitudes de desafuero y juicios políticos contra ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como del dirigente del PRI, Alejandro Moreno; el ministro en retiro Arturo Zaldívar, y los exconsejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova y Ciro Murayama.
En agosto de 2022, la Fiscalía General de Campeche, encabezada entonces por Renato Sales, solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del priista Alejandro Moreno Cárdenas por presunto enriquecimiento ilícito.
Mientras, entre los casos que San Lázaro ha resuelto son: el del entonces gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, a quien le retiraron el fuero constitucional en 2021 al ser señalado de defraudación fiscal; el del exdiputado morenista Saúl Huerta, a quien también le quitaron la protección constitucional en 2021 al ser acusado de abuso sexual y violación a menores de edad.
Otro caso fue el del experredista y después petista Mauricio Toledo, quien en 2021 le quitaron el fuero constitucional tras no explicar la procedencia de más de 11 millones de pesos e incrementar su patrimonio injustificadamente; sin embargo, el entonces diputado huyó a Chile.
