La Secretaría de Hacienda elaborará y mantendrá actualizado un listado nominativo de cargos de servidoras públicas que serán consideradas políticamente expuestas. Además, los Poderes Legislativo y Judicial, los órganos constitucionales autónomos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y sus homólogos de las entidades federativas remitirán a la Secretaría de Hacienda su listado específico de Personas Políticamente Expuestas
Sin embargo, la oposición criticó que esta reforma tiene un carácter persecutorio, a lo que Javier Corral respondió que la Secretaría de Hacienda tiene una acuerdo que así considera a las personas Políticamente Expuestas.
También se refuerza la colaboración entre la Secretaría de Hacienda, la Guardia Nacional y otras autoridades nacionales e internacionales para prevenir y detectar operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
“La Secretaría, la Fiscalía y la Guardia Nacional deberán establecer programas de capacitación, actualización y especialización dirigidos al personal adscrito a sus respectivas áreas encargadas de la prevención, detección y combate de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo, los delitos relacionados con estos y con las estructuras financieras de las organizaciones delictivas, así como evitar el uso de los recursos para su financiamiento”, menciona el proyecto de reforma.
Asimismo, se introduce cambios en el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo:
- Se incluye el delito de financiamiento al terrorismo y su encubrimiento en el régimen de responsabilidad penal para personas jurídicas dentro del Código Penal Federal.
- Se reconoce a la UIF como víctima en los delitos de lavado de dinero, en los que se utilicen servicios de instituciones del sistema financiero. Esto asegura su participación en las investigaciones y procesos penales.
- Se elimina la necesidad de demostrar dolo específico para sancionar la presentación de información falsa, alterada o ilegible a quienes deban dar avisos, así como la modificación de información o documentos destinados a ser incorporados en los avisos.
Y enfatiza que quienes realicen actividades vulnerables deberán tener las siguientes obligaciones:
- Identificar y conocer de manera directa a las personas clientes o usuarias con quienes realicen la actividad vulnerable.
- Cuando la cliente o usuaria sea persona moral, fideicomiso u otra figura jurídica, recabar documentos u otros medios de identificación con reconocimiento oficial.
- En caso de sospecha o de contar con información basada en hechos o indicios, de que los recursos relacionados con los actos u operaciones pudieran provenir o estar destinados a la comisión de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita o de Financiamiento al Terrorismo, deberán presentar un aviso dentro de las 24 horas siguientes a cuando se conoció dicha información o se generó la sospecha.
Si bien esta propuesta fue presentada en noviembre pasado por Javier Corral, hasta ahora se presentó en la Comisión de Justicia para ser discutida, justo cuando Donald Trump firmó el lunes pasado una orden ejecutiva para designar a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras.
Este proyecto de dictamen fue distribuido entre los senadores para que en febrero sea discutido. Mientras tanto, los legisladores pidieron la presencia de expertos en esta materia y de Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteliencia Finaciera (UIF).
