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Sin recursos adicionales, dependencias absorberán nómina de órganos extintos

Durante la aprobación del Presupuesto 2025, Morena aseveró que las dependencias a las que llegarán los trabajadores de órganos autónomos aceptaron engrosar su nómina sin un peso extra.
jue 12 diciembre 2024 03:56 PM
trabajadores-autonomos
Ricardo Monreal, diputado y coordinador del grupo parlamentario de Morena, festeja junto a sus compañeras de bancada, durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados en la que se discutió en lo general el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2025.

El Presupuesto 2025 no asigna recursos adicionales a las dependencias que absorberán tanto las funciones como los empleados de los órganos extintos, como el INAI. Tampoco incluye recursos específicamente etiquetados para la liquidación de esos autónomos.

En sus transitorios, el decreto aprobado por los diputados establece que, para tales efectos, Hacienda debe emitir las "autorizaciones que correspondan" en el ámbito presupuestario, mientras que las dependencias receptoras deberán realizar "las adecuaciones o los traspasos de recursos" que sean necesarios.

Sin embargo, las secretarías que contratarían a cientos de trabajadores de los órganos extintos, como Gobernación, no recibirán un solo peso adicional para los salarios y prestaciones de su nueva plantilla, lo que anticipa posibles recortes de personal.

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En el dictamen se asignaron casi 1,200 millones de pesos al INAI, IFT y Cofece que, según Morena, servirán para liquidar a trabajadores y que esos órganos sobrevivan los siguientes meses, antes de que se concrete su extinción.

Pero no se asigna una bolsa específica para su liquidación ni se establecen plazos para hacerlo.

Según el coordinador de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal, "estudios técnicos” determinaron que las dependencias que ampliarán sus responsabilidades y, teóricamente, absorberán la nómina de dichos órganos, no requerirán más recursos.

“Las dependencias que van a absorber a los trabajadores de distintos órganos autónomos tienen la capacidad técnica para mantener esa planta productiva y esa planta laboral”, afirmó.

Incluso, dijo que los titulares de las dependencias que recibirán las nuevas atribuciones estuvieron de acuerdo.

“Hay estudios técnicos en las dependencias donde van a sustituir las funciones que con su presupuesto ajustan. Así nos lo comentaron los propios secretarios (de) la Función Pública, la Agencia Digital, INEGI. Es decir, las dependencias que van a absorber a los trabajadores de distintos órganos autónomos tienen la capacidad técnica para mantener esa planta productiva y esa planta laboral”, insistió.

En su régimen transitorio, tanto la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica, como en el Presupuesto de Egresos 2025, se determinó que los trabajadores de los órganos extintos pasarán a dependencias federales.

"Se faculta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría (de Hacienda), para que emita las autorizaciones que correspondan, en el ámbito presupuestario, a efecto de que las dependencias y entidades realicen las adecuaciones o los traspasos de recursos humanos, financieros y materiales", indica el decreto del PEF en sus transitorios.

"Las dependencias y entidades deben realizar las adecuaciones que sean necesarias para transferir los recursos fiscales y las estructuras orgánicas y ocupacionales respecto de las unidades responsables que cambiaron de adscripción o se encuentran en proceso de readscripción como consecuencia de reformas jurídicas", agrega.

Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado de Morena e integrante de la Comisión de Presupuesto, aseguró que las instituciones en extinción deberán iniciar el proceso de liquidación y confió en que alcanzará lo que se les presupuestó para 2025.

“(Sin embargo), hay un compromiso de gobierno de que en caso de que tener faltantes para su operación o para el cumplimiento de responsabilidades laborales, (se les otorgarán recursos)", añadió.

"La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en su caso, otorgará ampliaciones presupuestales a todos los organismos, incluido el Instituto Nacional Electoral (INE), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la Comisión Federal de Competencia (Cofece)”, explicó.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) había previsto, de continuar con vida, erogar 726.2 millones de pesos, exclusivamente en el capítulo 1000 de provisiones salariales.

Ahora, la nueva Secretaría Anticorrupción, que absorbería a cuando menos 720 trabajadores operativos del INAI, tendrá un presupuesto total de 1,699 millones de pesos.

Con esos recursos tendrá que dar cabida al personal que, según el compromiso de Morena y sus aliados, tendrá garantizados sus derechos laborales al extinguirse el INAI.

La Secretaría de Gobernación, que supuestamente tendría las responsabilidades de ese organismo autónomo en lo referente a protección de datos personales, deberá hacerlo incluso con menos recursos.

Esto es así porque no recibirá lo que propuso en el Proyecto de Presupuesto 2025, sino que sufrió un recorte de 1,126 millones de pesos.

Pese a todo, el INAI, que desaparecerá en un plazo de 180 días –según el régimen transitorio- sí recibirá presupuesto en 2025.

Este será de 499.9 millones de pesos, con los cuales deberá finiquitar sus compromisos: proveedores, laudos laborales y liquidaciones de personal de mando que no sería transferido.

Estos son alrededor de 46 servidores cuyas funciones sí concluirán, entre ellos siete comisionados y 39 plazas de nivel directivo, entre secretarios y directores generales, más el contralor.

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¿Qué pasará con el Coneval?

Otro organismo que desaparecerá en el curso de 2025 será el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), que cuenta con 49 plazas, de las cuales 18 son directivas y 31 son de trabajadores operativos.

Para gastos personales (sueldos y prestaciones) en 2025 había proyectado erogar 105.9 millones de pesos, pero al desaparecer, sus plazas serán transferidas al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el coordinador Monreal, la titular de ese instituto, Graciela Márquez, habría aceptado absorber las plazas sin más recursos.

Lo cierto es que, en el Presupuesto aprobado al final, el Inegi recibió un recorte de casi 5,000 millones de pesos, ya que había solicitado 17,200 millones de pesos y le fueron presupuestados sólo 12,245 millones de pesos.

El 2 de diciembre pasado, ante la Comisión de Presupuesto, Márquez Colín alertó que con el recorte ese organismo se vería impedido para realizar la Encuesta Intercensal 2025

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Con el ajuste a la baja quedarán 7,200 millones para cubrir la nómina y proyectos estratégicos, “lo que afectaría gravemente la capacidad operativa del instituto”, expresó la funcionaria ante los legisladores.

Ese escenario no sólo se concretó, sino que se agravará con más trabajadores en su nómina, que sumarán a las 15,412 plazas que cuenta en todo el país.

La situación es distinta para el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), aunque sí habrá incertidumbre laboral.

Del IFT son 1,428 plazas, para las que había presupuestado 1,121 millones de pesos. De esas plazas siete son comisionados, hay 51 plazas de coordinador ejecutivo y directores generales, es decir, 1,370 empleados operativos.

Para 2025, pese a que desaparecerá, se le presupuestaron 500 millones de pesos para “liquidaciones”, tanto de personal como de compromisos contractuales, según Morena.

De la Cofece son 482 plazas, de las cuales 193 son de funcionarios de alto rango, de coordinador general para arriba, incluidos siete comisionados, 15 directores generales y otros 48 directores ejecutivos.

Son 289 trabajadores operativos los que serían transferidos; esa Comisión había proyectado para 2025, tan sólo para cubrir el capítulo 1000 de servicios personales, 500.5 millones de pesos.

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Sin embargo, para el próximo año sólo tendrá 199.8 millones de pesos para finiquitar sus compromisos.

Al extinguirse tanto Cofece como IFT, los trabajadores operativos de ambos organismos deberán pasar a otras dependencias, aunque el marco legal no quedó del todo claro.

Según la reforma para eliminar a siete organismos constitucionalmente autónomos (OCAS), las funciones del IFT y de la Cofece pasarán a un nuevo organismo que asumirá tanto las tareas en materia de competencia económica como en telecomunicaciones.

En lo relacionado al otorgamiento de concesiones, las funciones del IFT serían responsabilidad del organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones, sectorizado en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Sin embargo, no hay claridad respecto a dónde se adscribirán las plazas laborales, pues la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública –aprobada previamente a la constitucional– determinó que las funciones se trasladarían a la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Las modificaciones a la Constitución, en cambio, determinaron que el organismo que fusionaría Cofece e IFT, en lo que respecta a vla igilancia de los mercados, quedaría sectorizada en la Secretaria de Economía, mientras que la instancia responsable de las concesiones estaría en la SICT.

En el caso de los trabajadores que sí sean absorbidos en la Secretaría de Economía también habría incertidumbre laboral, pues esa dependencia sufrió un recorte de 64.4 millones de pesos.

La Agencia de Transformación Digital –de nueva creación- contará con 3,010 millones de pesos, mientras que la SICT recibió una ampliación de 6,292 millones de pesos, principalmente para echar a andar el proyecto de trenes de pasajeros.

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